Uno de los tópicos que contribuyeron en el Reino Unido al Brexit fue la idea de que los inmigrantes abusan de la sanidad pública, sin tener muy presente que los británicos –especialmente sus jubilados– se benefician a su vez de la sanidad de otros países. Desde que tomó posesión del cargo de ministro de Sanidad en el 2012, el conservador Jeremy Hunt ha contribuido lo suyo a transmitir la idea de que el déficit y las deficiencias del Servicio Nacional de Salud (NHS), la sanidad pública, se deben a los millones de inmigrantes y visitantes que utilizan la sanidad y después o no la pagan o dejan de hacerlo sus estados de procedencia.

Como sucede con todos los estereotipos, las cifras en abstracto avalan cualquier teoría. La última iniciativa antipática del Ministerio de Sanidad británico consiste en unas brigadas de recaudadores que tratarán de que los pacientes extranjeros paguen sus facturas, sobre todo mientras reciben dichos servicios y no después, en vista de que los hospitales se resisten a tal cometido, acaso porque les podría obligar a no asistir a seres humanos o a dedicar parte de su tiempo a tareas burocráticas. Lo cierto es que el año pasado la factura de la atención sanitaria a extranjeros fue de 555 millones de euros, de los que el erario ingresó 285 millones, según cifras de la Oficina Nacional de Auditoría. Sin el debido contexto, las cifras parecen un buen argumento para las tesis ultranacionalistas del UKIP. El asunto tiene otra perspectiva cuando se eleva el enfoque: el NHS británico, instaurado por el laborista Clement Attlee tras la Segunda Guerra Mundial, tiene un déficit de 2.800 millones de euros anuales y arrastra un deterioro que viene de lejos y no de estos años de desembarco en las islas de inmigrantes, muchos de ellos europeos.

La medida anunciada esta semana por el Ministerio de Sanidad tiene sus razones –a la vista de los números–, pero se enmarca en iniciativas que parecen satanizar a los extranjeros e imputarles todo aquello que no funciona bien en el Reino Unido. Algunas han tenido corta vida, como sucedió con la exigencia de que las empresas británicas difundiesen el número de empleados extranjeros. Habrá que ver si el trabajo de estas brigadas recaudatorias es efectivo o puede quedarse en otra iniciativa inviable y publicitaria…

En este mismo frente, Londres aspira a cobrar a los estados de origen el gasto sanitario de los residentes de miembros de la UE en el Reino Unido, que presenta un balance con números rojos (algunos expertos lo atribuyen antes al funcionamiento burocrático del NHS que a la morosidad de los estados europeos). Si estas cifras se simplifican o son presentadas fuera de contexto –como hacen los sectores euroescépticos–, incluso el Reino de España puede parecer sospechoso: Londres abonó el año pasado 289 millones de euros a la sanidad española por la atención prestada a ciudadanos británicos, mientras que Madrid pagó 4 millones. Hay que recordar que 253.000 británicos están empadronados en España –con mayoría de mayores de 60 años– y centenares de miles vienen como turistas mientras que los españoles residentes en el Reino Unido son 102.000, de perfil juvenil, radicalmente distinto en cuanto a gasto sanitario. Y de su testimonio durante la campaña del Brexit se deduce que no cambian la calidad de la atención sanitaria española por la de su país…