Eran las 2.35 de la madrugada de ayer, y el concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, volvía, resignado, de hablar con el responsable de Seguridad del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. «Se va a intentar seguir negociando con ellos [los internos amotinados] para resolver el conflicto. Seguiremos apoyando todos los procesos para una solución pacífica», decía Barbero, que lamentaba no poder echar una mano en los diálogos (es experto en procesos negociadores), algo que la Policía Nacional rechazó al tratarse de su competencia.

Para entonces, 39 internos, todos argelinos menos un marroquí, llevaban cinco horas amotinados a la intemperie, bajo la lluvia, en la azotea del CIE, después de que hubieran intentado escapar del centro. «Libertad, libertad», gritaban. No estaban solos. Varios ediles del Ayuntamiento de Madrid, diputados y senadores de Podemos, además de integrantes de movimientos sociales, se habían desplazado al lugar para ofrecer su ayuda a la Policía, que había desplegado antidisturbios, y miembros de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) ante el riesgo de fuga o altercados, y para vigilar que se «respeten los derechos humanos».

Detrás de su presencia subyacía la oposición que ha mantenido siempre Podemos ante los CIE, como explicaba in situ Rafael Mayoral, actual secretario de Relación con la Sociedad Civil: «Creemos que no se debe privar de libertad a alguien por una sanción administrativa». Doce horas después del inicio del motín, sobre las 9.30 de la mañana, los amotinados reingresaron al centro «de forma voluntaria», según explicó el director general de la Policía, José Ignacio Cosidó, también presente allí.

El enfrentamiento entre los cargos de Podemos, que hicieron guardia toda la noche por turnos, y dijeron verse «ninguneados», quedó bien retratado al resguardo de un paraguas bajo el que Cosidó, y los diputados de Podemos en el Congreso Mayoral y Montero, se comunicaron más con las miradas que con las palabras.

– «No entendemos cómo se ha podido dar esta circunstancia. No tiene sentido», inquirió Mayoral a Cosidó.

– «Queremos saber qué ha pasado y hacer seguimiento de cómo están los internos», advirtió Montero.

Cosidó, con un gesto contenido y buscando la complicidad en los ojos de la diputada podemita, emplazaba a ambos a una reunión privada: «Os citamos. Nos vemos y os doy todo tipo de explicaciones», les decía. «¿Si os parece, lo hablamos, Irene?». E Irene asintió. Cerca de ellos, Pablo Padilla, diputado en la Asamblea de Madrid, acusó al director de la Policía de «falta absoluta de profesionalidad y deslealtad institucional» y lo invitó «a reflexionar sobre cuál es la política tanto en materia de CIE como en relación con la oposición». Ciudadanos y PSOE también pidieron a lo largo del día que Cosidó explique en el Congreso las circunstancias del motín.

Durante la mañana, el Consistorio madrileño y la Delegación del Gobierno se enzarzaron a cuenta de lo ocurrido. Barbero criticó al Ministerio del Interior por haber «ninguneado» a los servicios de emergencias que había ofrecido el Consistorio para «ayudar» en esta crisis, con facultativos del Samur y bomberos, mientras la portavoz municipal, Rita Maestre, recordó que el Gobierno de Carmena está en contra de los CIE como «instituciones en las que se retienen a personas que no han cometido ningún delito, que están allí por una falta administrativa y que sufren una falta de privación de libertad contraria a los derechos humanos».

En respuesta, la Delegación de Gobierno cuestionó las críticas del Ayuntamiento. «No se puede poner en tela de juicio que la Policía no cumple con los derechos humanos de los internos y es algo que no voy a consentir», dijo la delegada, Concepción Dancausa, que recordó que el Ayuntamiento no es competente para mediar en casos como el ocurrido ayer e informó que el director del centro se reunirá con los amotinados para conocer sus demandas.

El Centro de Internamiento de Aluche no estaba especialmente saturado durante esta semana. De hecho, su ocupación ronda el 36%. En total, hay 102 internos ingresados, unos 90 de nacionalidad argelina, cuando su capacidad es de 280 plazas. Los sindicatos policiales atribuyen el motín a que los inmigrantes conocen el apoyo que tienen en el exterior por parte de ONG y de partidos políticos como Podemos.

Según Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de la Policía (UFP), la intención de los extranjeros no era escapar porque podían haberlo hecho en la madrugada del miércoles, sino llamar la atención sobre su situación y la de los CIE para evitar así su expulsión.

De hecho, la UFP ya había alertado por correo electrónico al comisario y jefe regional de operaciones, Antonio Martín, de que se iba a producir un motín inminente en el centro de extranjeros tras las informaciones recabadas por enfermeras y cocineras. Sin embargo, los refuerzos policiales que solicitaron no llegaron y, en el momento de los incidentes, sólo había cinco agentes para vigilar a 100 inmigrantes . En la misma línea se pronunció Alfredo Perdiguero, secretario general del Sindicato Independiente de la Policía: «El CIE de Madrid es de los mejores. Hay cámaras por todas partes y ni se maltrata ni se golpea a los internos. Si los inmigrantes protestan y la montan es porque tienen el apoyo de las ONG y de Podemos».