Aluche, el polvorín invisible
Orinales bajo las camas, visitas en locutorios, barrotes... Los centros de internamiento de extranjeros se parecen demasiado a las cárceles. «Cualquier día va a suceder una desgracia», admiten los agentes
El Correo, , 20-10-2016La arquitectura de los edificios dice cosas de algunos de ellos. Las ventanas del centro de internamiento de extranjeros de Aluche se cubren con unas placas enormes y metálicas pintadas de azul como escudos que no dejan ver. El exterior y lo que sucede dentro están condenados a no encontrarse. Ese es uno de los lugares más opacos que existen en Madrid. Nadie entra allí, nada se sabe de lo que ocurre. Como mucho alguien consigue menear una camiseta por la grieta de la mampara azul y grita algo sobre la libertad que tapa el ruido de los coches. Les llaman internos pero viven como presos. Caminan por la tierra de nadie, habitan una frontera invisible. Duermen ocho por celda y salen al patio en el que transitan durante 60 días por las tripas de España. Allí se digiere el problema de la inmigración, un conflicto que salió este martes a la azotea del antiguo hospital de Carabanchel en Aluche.
Ocurrió después del rezo. En el Sindicato Unificado de Policía sostienen que un grupo de 39 internos comenzaron una operación «destinada a fugarse». Eran la mitad de los internos, unos 90, pues el Centro de Internamiento de Extranjeros está actualmente al 40% de su capacidad. Las mismas fuentes dibujan el siguiente escenario: los internos rompen alguna puerta con los bancos metálicos que habían arrancado del suelo para usarlos como arietes y entonces intentan salir al exterior. Se encuentran con el cambio de turno, con lo que en lugar de cinco agentes de la Policía, hay diez. La huida se les hace imposible, con lo que intentan un segundo plan: subir a una de las azoteas con sábanas enrolladas por las que descolgarse. Son las diez de la noche y están atrapados. Una noche al raso. A las siete comenzó a llover. A las nueve de la mañana, después de once horas gritando consignas a favor de la dignidad y de la libertad, desisten y termina una suerte de motín incruento en el que nadie resulta herido. Sigue lloviendo y la fotografía de los brazos en alto de los inmigrantes, en su mayoría argelinos, da la vuelta a España. Las fuentes policiales advierten de que «se veía venir».
Interior ha anunciado que devolverá a los responsables del episodio a su país. El asunto no sorprende a nadie. La Unión Federal de Policía había avisado a los mandos en un informe: se estaba preparando un motín en Aluche encabezado por los argelinos que se iba a dar de forma inminente en la tarde noche. Preparaban diverso material para convertirlo en arma blanca ayer no se usó, y habían arrancado bancos para usarlos contra las puertas. Los sindicatos reclaman tradicionalmente que hay muy pocos efectivos en los centros para controlar a los inmigrantes. En Aluche en agosto se fugaron 17 después de serrar los barrotes y abrir un agujero en un baño. En 2012, la comisión de derechos humanos de la ONU reprobó a España por una paliza a un interno en ese mismo centro.
«Un día va a suceder una desgracia»
«Un día va a suceder una desgracia». Habla un agente que trabaja desde hace años en el Campo de Gibraltar, donde funciona el centro de Algeciras, con una sede en Tarifa. «Cinco hombres no pueden hacerse responsables de la seguridad de 150». Hace un par de semanas, en el CIE de Sangonera, en Murcia, 67 inmigrantes lograron escapar. Se armaron con cuchillos y extintores e hirieron a cinco policías.
Motines, cuchillos, patios, celdas… Esta está a punto de ser una crónica carcelaria. En realidad, los CIE están muy cerca de ser prisiones. En esa tierra de nadie es donde reside la polémica. Los primeros centros se abrieron a mediados de los ochenta a raíz de la ley de Extranjería. A día de hoy hay ocho. Dicho en corto, los CIE sirven para recluir a los inmigrantes en situación ilegal a la espera de que se resuelva su expediente. Desde su entrada en el centro por orden del juez, antes de 60 días tienen que ser resueltos sus expedientes de asilo, o devueltos a su país si se consigue demostrar su origen. La medida que debiera ser excepcional, se utiliza de manera «abusiva» según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y poco eficaz: solo el 40% de los internos volvieron a su país en 2015.
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