El motín protagonizado por 39 inmigrantes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche concluyó ayer tras 12 horas. El suceso ha servido para reabrir el debate inconcluso sobre la legalidad de estos centros.

Los amotinados, de nacionalidad argelina, permanecieron toda la noche en la azotea trasiniciarse el motín a las 22:00 horas del lunes. La Policía abrió por la noche canales de comunicación para que este grupo depusiera su actitud, que acabó resolviéndose a primera hora de ayer.

Tras el incidente, las organizaciones sociales coincidieron en que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son en la práctica “cárceles para extranjeros”, pero incluso con peores condiciones que las prisiones, porque no garantizan los derechos ni la dignidad de las personas. Las ONG consultadas por Efe, Amnistía Internacional, el Servicio Jesuita a Migrantes, SOS Racismo, CEAR y Karibu, consideraron que el motín en el CIE de Aluche es una reacción a las condiciones de estos centros, en los que pueden permanecer hasta dos meses personas que no han cometido ningún delito, sino una infracción administrativa por no tener documentación.

“Los CIE, con arreglo a la ley, no pueden tener carácter penitenciario, y si se visita estos centros se ve que lo tienen, pero sin las condiciones de los centros penitenciarios” con actividades de formación, traductores o asistencia sanitaria, asegura Santiago Yerga, abogado de la ONG jesuita dedicada a visitar a los extranjeros en estos centros. Según el letrado, la ley establece que los CIE supongan privación de libertad, pero no “el menoscabo de derechos como a la intimidad, a las comunicaciones, asistencia jurídica efectiva y ser tratado como persona vulnerable, en los casos de trata o de refugiados”.

Begoña Santos, portavoz de Karibú, que presta asistencia en el CIE de Aluche, considera que “solo la propia existencia de los CIE” como paso previo a la expulsión son ya una vulneración de los derechos de las personas.

En 2015 había 6.930 personas extranjeras en los siete CIE que hay en España 6.475 hombres y 455 mujeres , de los que el mayor número estaban en Algeciras (2.114) y Madrid (1.342), seguidos de Las Palmas (843), Barcelona (738), Murcia y Valencia (ambos con 690) y Tenerife (58).

Según Interior, del total de personas internadas por las Fuerzas de Seguridad en los centros el pasado año, fue expulsado el 41,42% (2.871 personas) y el resto quedó en libertad. También se admitió a trámite la solicitud de protección internacional de 196 personas. La media de estancia es de 24 días.