Casi doce horas de negociaciones. Una intensa lluvia. Y una principal condición pactada: “No habrá represalias” contra los participantes en la protesta. Así ha acabado, a primera hora de la mañana de este miércoles, el motín protagonizado por un grupo de 39 inmigrantes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid), que han permanecido durante toda la noche subidos en la azotea del edificio pidiendo a gritos “libertad” y “dignidad”. “Ya están todos en sus habitaciones”, han explicado fuentes policiales sobre las nueve y media de la mañana, después de que los extranjeros abandonaran la parte superior del complejo y empezaran a bajar a los pisos inferiores. En los CIE se ingresan, durante un máximo de 60 días, a extranjeros en situación irregular en España como paso previo a su expulsión.

El PSOE ha registrado en el Congreso una solicitud de comparecencia urgente para que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, explique lo ocurrido en el CIE. Este nuevo intento de fuga en el CIE de Aluche, sumado a los que se vienen produciendo en otros centros de internamiento de extranjeros de España, ha puesto en evidencia la situación de vulnerabilidad de estos centros, tanto para los internos que acogen como para quienes los vigilan. Durante toda la noche, y después de que la propia alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ofreciese a la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, para mediar, varios concejales de Podemos han mantenido una guardia en la Avenida de los Poblados, donde se encuentra la instalación.

Varios concejales y cargos de Ahora Madrid y de Podemos, que se han desplazado hasta las inmediaciones del centro, han denunciado que no les han dejado entrar en las instalaciones ni les están ofreciendo ninguna información sobre cómo se ha resuelto la situación. “Señalamos la opacidad en la gestión de esta situación. Ninguna noticia desde los responsables del CIE”, ha escrito en Twitter el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha llamado a “solucionar” la situación “respetando los derechos humanos y de forma pacífica” y “después, cerrarlo”, ha escrito en su cuenta de Twitter. “Los CIE son una vergüenza para nuestra sociedad y es nuestra obligación cerrarlos. En democracia los derechos son de todas”, ha señalado en la misma red el secretario Político de la formación, Íñigo Errejón.

El pasado 24 de agosto, a plena luz del día, 17 internos se fugaban del mismo CIE. Lograron salir por la ventana de uno de los baños situados cerca de una de las salas de ocio y del comedor “serrando los barrotes y saliendo por el hueco que abrieron”, según explicaron fuentes policiales. Nueve de ellos fueron detenidos casi de inmediato, y otro más al día siguiente, aunque siete de ellos lograron completar la fuga con éxito.

Las ONG han denunciado este miércoles la “vulneración” de derechos que sufren los internos de los CIE. “Las condiciones son nefastas allí dentro. No se trata de mejorarlos, la única solución es cerrarlos”, ha expuesto José Ariza, de SOS Racismo Madrid. “Existe un uso desproporcionado y un abuso del internamiento de personas migrantes. Aunque la ley establece que el internamiento debe ser una medida excepcional, una vez agotadas las medidas alternativas, este carácter excepcional no se está aplicando”, ha añadido CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado).

“Esto no es un centro, esto es una cárcel”, han gritado una decena de activistas concentrados este miércoles a las puertas de la instalación. Mientras tanto, varios representantes de algunas ONG e Ione Belarra, diputada de Podemos, han podido acceder al interior de la instalación —solo al patio— y han solicitado hablar con el jefe de seguridad del CIE. Sin éxito.

“Yo no había cometido ningún delito, pero un día llegaron a mi casa y me detuvieron. Entonces me llevaron hasta Madrid y me encerraron durante 60 días en el CIE de Aluche”, cuenta Carlos (un nombre ficticio porque no quiere dar su nombre por miedo a represalias), un latinoamericano que fue internado en esta instalación en 2012. Entonces vivía con su familia en una ciudad de Castilla la Mancha, pero no tenía permiso de residencia. “Trabajaba en el campo, pero sin estar dado de alta”, apostilla este hombre de 35 años e hijos. “Vivíamos en unas condiciones penosas. Para empezar, tenías que tener horario para enfermarte”, ironiza: “Entre las siete y ocho de la mañana tenías que anotarte en una lista. Si no lo hacías, no podías ir al médico hasta el día siguiente, aunque te encontrases fatal”.

Carlos cuenta que “todo estaba sucio”, “que no siempre tenías agua caliente o calefacción”. “Y vivías con la incertidumbre de que, en cualquier momento, podían deportarte”, apostilla el hombre, que volvió a su ciudad tras dos meses “desactivado” de su vida. “A la misma hora que entre, salí 60 días después”, concluye.