La venta de empadronamientos para acceder a las ayudas sociales, destapada por EL CORREO en su edición de ayer, ha sacado a la luz un serio problema de descoordinación institucional a la hora de controlar el fraude en estos expedientes. Las distintas administraciones que podrían tener algo que decir en su vigilancia y control se dedican a descargar la responsabilidad en otras entidades.

Este periódico desveló ayer que, más allá de los fraudes que cometen algunos perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), en internet proliferan los anuncios de caseros vizcaínos que ofrecen empadronamientos –pero sin vivir en las casas– a cambio de unos 200 euros para que el supuesto inquilino pueda cobrar las ayudas sociales.

EH Bildu mostró su «repulsa» hacia quienes hacen «negocio» con las personas en apuros
¿Quién debe supervisar que no se produzcan engaños con los empadronamientos? Nadie sabe responder. Desde Lanbide, el Servicio vasco de Empleo, insistieron en que perseguir estas irregularidades en la web son competencia de la Policía y de los municipios, que sus funcionarios sólo pueden comprobar si un perceptor cumple los requisitos exigidos pero no tienen capacidad para detectar si una inscripción en el padrón es falsa.

Desde el Departamento vasco de Seguridad, por su parte, insistieron ayer en que la Ertzaintza, en virtud del convenio de colaboración suscrito con Lanbide para atajar el fraude, investiga los casos sospechosos de perceptores que les comunican los funcionarios. Pero, en una primera valoración, consideraron que este tipo de irregularidades son competencia de los municipios. Los ayuntamientos, por su parte, suelen comprobar los censos cuando existe una denuncia previa, pero lo hacen además desde una perspectiva más vinculada a las atribuciones municipales de este derecho. De hecho, algunas policías locales consideran que no deben realizar este control porque se trata de un servicio autonómico.

Reforma RGI

En este contexto, la coalición abertzale EH Bildu manifestó ayer su «repulsa» hacia quienes hacen negocio con las «necesidades de las personas» y defendió los «controles» para eliminar este tipo de fraude, aunque advirtió que el «verdadero problema» es la creciente desigualdad social y económica.

En el PP subrayaron que estos casos evidencian la necesidad de reformar la RGI y los sistemas de control para, precisamente, «fomentar la solidaridad». Podemos y el PSE guardaron silencio.