Igual que ocurrió con la crisis financiera y la zona euro, la emergencia
migratoria del último año ha llevado a los países de la Unión Europea a adoptar decisiones antes consideradas quiméricas a la velocidad de la luz, para los estándares comunitarios. Apenas diez meses después de que la Comisión propusiera crear una Guardia Europea de Fronteras y Costas, el proyecto ha echado a andar.

Como ocurre con los parches puestos al euro, el tamaño de los retos parece mucho mayor que los remedios pero la decisión supone un cambio total en la gestión de las fronteras exteriores de la Unión desde el punto de vista legal y operativo. Envía, también, un mensaje claro a la opinión pública europea y en particular de los países que más migrantes han recibido el último año, de que Europa está tomando medidas para hacer más gestionables los flujos migratorios dificultando las entradas irregulares, aunque las salidas, una vez cerrada la ruta por Turquía, siguen en aumento desde Libia. “La puerta está abierta para los que tienen derecho a protección internacional y cerrada para los que quieren cruzar nuestras fronteras ilegalmente”, dijo Dimitris Avramopulos, comisario europeo de Inmigración.

La entrada en vigor del acuerdo para crear una Guardia Europea de Fronteras y Costas implica doblar los medios a disposición de la agencia Frontex, con sede en Varsovia y operativa desde el 2005. Su presupuesto pasará de 238 millones de euros a 322 millones anuales en el 2020, fondos que servirán para adquirir equipamiento propio, algo que hasta ahora apenas se había hecho. Su personal pasará de 417 funcionarios a unos 1.000 (las contrataciones ya han empezado). El cambio más importante es la creación de una reserva de 1.500 guardias de fronteras, que serán aportados por los estados miembros, además de medios materiales, para actuar bajo bandera europea en caso de emergencia. El acuerdo estipula qué cantidad de personal debe aportar cada país. A España le corresponde enviar 111 funcionarios.

El envío de guardias de fronteras se había hecho hasta ahora sobre una base voluntaria y las peticiones de ayuda de Grecia e Italia nunca han recibido todos los medios requeridos. Ahora los países tienen obligación legal de responder. Los gobiernos nacionales tienen un plazo de un mes para declararse listos y dar por constituida esa reserva europea. La agencia tendrá más capacidad para organizar deportaciones de emigrantes irregulares, mediante vuelos conjuntos, y podrá colaborar con países vecinos que no son miembros de la UE, como Macedonia.

El otro cambio de calado en la forma de operar en la agencia europea es que hará sus propias evaluaciones de riesgo y podrá recomendar medidas a los países en los que detecte carencias en la protección de las fronteras exteriores. La guardia europea no podrá intervenir en un país a iniciativa propia, como llegó a plantear la Comisión, porque se invadiría su soberanía nacional, pero podrá recomendar al Consejo la puesta en marcha de una misión europea bajo amenaza de que sea expulsado de la zona Schengen si no acepta la ayuda.

“Desde ahora, la frontera exterior de un país de la UE es la frontera de todos los países, tanto desde el punto de vista legal como operativo”, celebró Avramopulos tras la ceremonia inaugural en Kapitan Andreevo (Bulgaria), donde la guardia europea desempeñará su primera misión, con casi 200 efectivos. Su cometido será vigilar los 250 kilómetros de frontera terrestre entre Bulgaria y Turquía. El Gobierno búlgaro construyó el año pasado una valla que ha reducido en un tercio, hasta 12.500 personas, el número de llegadas. La presión ha desbordado al país más pobre del club, que ha pedido ayuda.