La nueva Guardia de Fronteras y Costas ha comenzado a funcionar hoy en el cruce entre Bulgaria y Turquía. «Es exactamente la respuesta europea que necesitamos para los desafíos de migración y seguridad del siglo XXI», ha señalado el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos.

La nueva Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas ha comenzado a operar oficialmente hoy. «Servirá para mejorar la capacidad de respuesta ante la inmigración y los retos de seguridad», aseguró el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos.

Según ha apuntado desde el cruce fronterizo Kapitan Andreevo, entre Bulgaria y Turquía, «a partir de ahora, la frontera exterior de la UE de un Estado miembro es la frontera exterior de todos los Estados miembros, tanto legal como de forma operativa».

Con ello, pretenden «enfrentar mejor» la migración y «los desafíos de seguridad». El comisario griego ha afirmado que este mecanismo «convierte en realidad los principios de responsabilidad y solidaridad compartida entre los Estados miembros de la Unión».

Avramopoulos ha señalado que la nueva agencia incluye «mecanismos más fuertes para asegurar los derechos fundamentales» de los migrantes. «Hemos mostrado lo que podemos conseguir cuando la Unión Europea actúa junta y unida. Es ahora nuestra obligación y responsabilidad seguir aportando resultados en todos los aspectos de la emigración», ha añadido.

Por su parte, el director de la nueva agencia, Fabrice Leggeri, ha apuntado que este organismo «es más fuerte, está mejor equipado y tiene más competencias» que Frontex, la Agencia Europea de Control de las Fronteras Exteriores que venía funcionando desde 2005.

«Ahora será capaz también de ofrecer apoyo operativo a países no – EU vecinos que pidan asistencia en sus fronteras y compartir inteligencia sobre criminalidad transfronteriza con las autoridades nacionales y las agencias europeas, en apoyo de investigaciones criminales», ha descrito Leggeri.

El nuevo cuerpo realizará «test de resistencia» de la frontera exterior de los Estados miembros entre enero y marzo del próximo año, con el objetivo de detectar «puntos vulnerables». La principal novedad es que si estas pruebas detectan fallos graves en la vigilancia y control de la frontera en un Estado miembro, el Consejo podrá tomar la iniciativa de desplegar el cuerpo fronterizo, aunque este país no lo haya solicitado.