Las plataformas Antidesahucios de Euskadi han presentado hoy una denuncia contra el lehendakari, Iñigo Urkullu, ante los juzgados de Gasteiz por “acusar” a una mujer desalojada en Gasteiz de aprovecharse del sistema de ayudas y revelar datos personales de ésta.

VITORIA. Según estas plataformas, el lehendakari “injurió” a esta mujer, que fue desalojada la pasada semana de una vivienda de Alokabide, con unas declaraciones que hizo en la televisión pública vasca (ETB) el pasado jueves en las que dijo que la joven se había “negado a pagar disponiendo de recursos” y de “aprovecharse del sistema”.

El lehendakari y candidato a la reelección por el PNV también hizo públicos “datos personales reservados a terceros obtenidos por Urkullu en razón de su cargo, de Alokabide y del Ayuntamiento de Gasteiz”, según las plataformas Antidesahucios vascas.

Álvaro Val, miembro de Stop Desahucios, ha asegurado hoy ante los juzgados que estas declaraciones pueden ser constitutivas de un “delito de revelación de secretos e informaciones” y de otro de “injurias”, al mismo tiempo que ha pedido al lehendakari que se disculpe y que no vuelva a hacer públicos datos reservados.

En la presentación de la denuncia también ha estado la joven desahuciada, Anastasia, quien ante los medios de comunicación ha lamentado la “falta de empatía” de Urkullu, a la vez que ha recalcado su difícil situación, al ser madre monoparental de familia numerosa.

Para el colectivo, Urkullu se ha equivocado tras emitir juicios de valor que han afectado a la reputación de Anastasia y juzgar a una persona que no conoce de nada.
En opinión de Stop Desahucios es “inaceptable” que una autoridad pública, prevaliéndose de su

cargo, en un medio público, con el fin de defender la gestión en materia de desahucios de Alokabide, haya intentado provocar el “descrédito” de una familia vulnerable y justificar así “el fracaso de la políticas sociales”.

Anastasia, que actualmente se encuentra en un piso tutelado junto a dos de sus hijos, ya que el tercero está bajo la tutela de la Diputación alavesa, fue demandada por Alokabide, en abril de 2016 por una deuda de 6.295.79 euros, iniciada en 2014 cuando Lanbide le suspendió la RGI por “supuestas irregularidades” que la afectada ha recurrido.

Anteriormente, percibió durante todo el año 2014 un total de 8.000 euros y tuvo que pagar en concepto de gastos de vivienda 3.900 euros, mientras que en 2015 no pagó alquiler ya que los embargos y las deudas la obligaron a vivir de las ayudas de emergencia, del bono del supermercado y de recurrir a Caritas y particulares.

En marzo de 2016, Lanbide volvió a pagar la RGI a Anastasia y sus hijos, 725 euros al mes, que empezó a percibir en junio y recibió 1.500 euros por atrasos.

La afectada ha recordado que en ese momento propuso fraccionar el pago de la deuda y que le contestaron que era imposible, porque se encontraba judicializada desde abril y debía pagarla íntegramente.

Anastasia, ha criticado además el trato discriminatorio que ha sufrido en alguna ocasión por la Policía Local, debido a “su color de piel” a pesar de tener la nacionalidad española y ha asegurado que no goza de “tratos exquisitos” en el piso tutelado donde reside actualmente, en referencia a las declaraciones realizadas por el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran.