Las actuaciones de este caso se iniciaron tras un atestado de la Brigada Provincial de Información y la denuncia de la Red Española de Inmigración ante la Fiscalía Provincial de Madrid especialista en delitos de odio. Esta asociación llevó los hechos ante el Ministerio Público al considerar que constituyen “una vulneración del derecho de culto”.

Tras conocer el auto de esta magistrada, los portavoces de la entidad social se muestran satisfechos. “Esta decisión judicial es de la máxima relevancia puesto que supone el inicio del fin de la impunidad en los ataques a la diversidad por parte de grupos que promueven el odio y buscan chivos expiatorios, así como culpables para promover la división y los conflictos en la sociedad española”, apuntan en un comunicado emitido por la Red Española de Inmigración.

Una vez conocidos los hechos, la portavoz de la Delegación del Gobierno en Madrid explicó que la Policía Nacional se encargó de investigar el ataque, revisando las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los autores