El Ayuntamiento de Madrid estudia «fórmulas» para que los inmigrantes en situación irregular puedan tener una «tarjeta de ciudadanía» e «inscribirse en un registro municipal que sirva para su plena identificación». Éste es el compromiso que la propia alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, ha trasladado a los representantes de los manteros que se concentraron ayer a las puertas del Palacio de Cibeles –sede del Consistorio– mostrando pancartas en las que se podían leer mensajes como «sobrevivir no es delito» y con las que denunciaron el «acoso policial» al que dicen estar sometidos.

La insólita estampa reivindicativa de este colectivo venía precedida por la decisión del Área de Seguridad y Emergencias de poner en marcha a finales de agosto un plan de choque para tratar de erradicar la venta ambulante ilegal. Tras la polvareda que generó este anuncio incluso dentro del Gobierno local, el departamento de Javier Barbero decidió dejar en stand by su proyecto, que incluía medidas como el despliegue masivo de agentes de paisano y batidas en pisos en los que se suministran los artículos que acaban en el escaparate de las sábanas sobre las aceras.

Carmena acordó ayer con los representantes de varios colectivos de inmigrantes en situación regular e irregular a «explorar vías que permitan a estas personas salir de la situación de precariedad en la que viven». Además de la posibilidad de entregarles una especie de carnet que les daría «acceso a los recursos municipales» (y que podría estar listo en cuestión de «semanas» una vez que se hayan concretado los detalles para su emisión), se tratará de «facilitar su inserción laboral a través de ferias de artesanía y otros trabajos a través de la Agencia de Empleo», como puede ser el turismo dado que «conocen idiomas» y la ciudad «es pobre» en este campo.

«El Ayuntamiento no os criminaliza a vosotros. Pero las falsificaciones son ilegales y no podemos ser tolerantes con la venta de productos falsificados», les dijo ayer la alcaldesa en una reunión celebrada por la mañana en el Palacio de Cibeles.

Tras el encuentro, un portavoz de los manteros–que mayoritariamente son senegaleses y bangladesíes– agradeció la predisposición de Carmena a ayudarles, aunque señaló que no se había fijado ningún calendario para que estas propuestas se materialicen en medidas concretas. Según explicó en nombre del colectivo, se ven obligados a recurrir a la venta ilícita para poder subsistir porque «no hay un trabajo digno» para ellos.

«No somos violentos ni mafiosos, sino gente humilde que tenemos que buscarnos la vida porque no cobramos ayudas, ni tenemos subsidios, ni vivimos en ninguna casa social», explica a cambio del anonimato este inmigrante subsahariano, que lleva cuatro años cargando con el pesado hatillo que en el mejor de los casos le proporcionará al día «15 euros, aunque a veces ni un céntimo». «En todo este tiempo no había visto tantos abusos de la Policía como ahora: antes nos quitaban la mercancía y ya, pero ahora si tienen un palo te pegan; eso nos asusta», asegura.

La semana pasada, sin embargo, se produjo un suceso diametralmente opuesto al que denuncia este portavoz de los manteros: un grupo de vendedores ambulantes ilegales golpeó a dos agentes municipales de paisano que les apercibieron por vender bolsos y ropa junto a una tienda de la Gran Vía, según consta en el atestado que hicieron posteriormente los agredidos.

La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, en la rueda de prensa del pasado jueves, dijo que no era cierto que se hubiera producido tal agresión y que lo que sucedió en el transcurso de la detención fue «un forcejeo, que es algo muy distinto». «Hay que ser muy cuidadosos con los términos», subrayó la edil del Gobierno de Ahora Madrid cuando fue preguntada sobre el particular, una respuesta que indignó a los colectivos que representan a la Policía Local.

Tras la polémica generada, Maestre llamó ayer a los responsables de las cuatro organizaciones mayoritarias para pedirles disculpas porque no había recibido «una información precisa» sobre el incidente antes de pronunciarse sobre el mismo. Según explicaron posteriormente en el Área de Seguridad y Emergencias, «su intención no fue desautorizarlos [a los agentes] ni nada similar», sino tratar de «quitarle importancia al altercado».

El presidente de la Asociación de Policía Municipal de Madrid (APMU), Carlos Bahón, agradeció el gesto de la portavoz municipal, pero lamentó que no se retractara públicamente de sus palabras hasta más de 24 horas después. «Mensajes como éstos nos dejan a los pies de los caballos. El Ayuntamiento da a entender que apoya a los manteros en lugar de a nosotros, que no nos dedicamos a la represión, sino a hacer cumplir las leyes», explicó.