según ha declarado esta semana el representante especial de la ONU para Libia, hay ahora 235.000 personas en las costas libias esperando zarpar hacia Italia y, desde allí, dirigirse a distintos países de la Unión Europea.

El inteligente pero demasiado ocurrente ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, reconocido experto en meterse en jardines, ha defendido ayer mismo que ante esta situación debemos interceptar en el mar los barcos cargados con estas personas y devolverlos a las costas de Libia.

“Creo que hemos ahuyentado ya a 200.000 migrantes (en la Operación Sofía), perdón, hemos salvado 200.000 migrantes. Ese es el enfoque correcto”, afirmó ayer el ministro.

Más allá del lapsus, dado que ahuyentar y salvar no son exactamente sinónimos, hay que aclarar que el mandato de la Operación Sofía, actualmente en marcha, es formar a los guardias costeros libios, que son quienes tienen las competencias sobre su mar territorial, para que ellos gestionen la situación antes de que llegue a aguas internacionales.

¿Es lo mismo, como parece sugerir Johnson, formar a los guardias costeros libios que devolver directamente personas que pueden ser demandantes de asilo sin darles oportunidad de presentar su caso?

No, me temo que no es lo mismo. Esta misma semana explicaba en clase el caso 10.675 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se refiere a una denuncia de balseros haitianos contra los Estados Unidos a finales de los años 90. Johnson, historiador y admirador de la cultura política norteamericana, bien haría en repasar el caso. Me presento voluntario para explicárselo, si me invita a Londres.

Estos balseros haitianos eran interceptados en aguas internacionales, antes de llegar a las aguas norteamericanas, y devueltos a aguas haitianas donde su vida corría evidente grave peligro. La similitud con nuestro caso es evidente.

La Comisión recordó que en derecho internacional “se reconoce el derecho de audiencia de una persona que busca refugio para determinar si cumple con lo previsto en la Convención sobre el estatuto de los refugiados”. Ningún Estado, según esta Convención, “podrá expulsar ni devolver (refouler) de manera alguna a un refugiado a un territorio dentro de cuyas fronteras su vida o libertad puedan correr peligro”.

Es el conocido principio de non – refoulement, pero ¿qué pasa si la devolución no se realiza desde el estado sino desde aguas internacionales, sin dar tiempo a los eventuales demandantes de refugio a llegar al país y presentar su caso?, ¿se puede librar ese país de estudiar la solicitud y tramitarla?

La Corte Suprema de los Estados Unidos interpretó que este principio no se aplica cuando una persona es devuelta desde alta mar. Sin embargo la Comisión Interamericana no aceptó esta lógica (tampoco lo hizo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y defendió que el citado principio no reconoce limitaciones geográficas.

Entiéndase bien, no existe una concesión obligatoria o automática de “asilo”, por supuesto. El asilo se concede sólo a quienes cumplan los criterios de acuerdo con las leyes. Pero la Comisión Interamericana sí entendió que era contrario a derecho que se interceptara a los refugiados haitianos y repatriara sumariamente sin hacer un examen de su estado, negándoseles así además el derecho a solicitar asilo en otro país que no fueran los Estados Unidos.

El mismo principio puede aplicarse, mutatis mutandis, al caso de los libios hacia Italia. Repeler barcos de desplazados no es la solución, ni por humanidad ni por derecho.

Lo que no sé es qué debe hacer la Unión Europea ante esta situación de los 235.000 personas en las costas libias. Eso es más difícil. Bien, me temo que no me he ganado el viaje a Londres: Boris Johnson hará bien en invitar a otra persona que le dé mejores ideas.