GASTEIZ – Anastasia aguantó con firmeza y dignidad hasta que la tensión pudo con ella y tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital. Antes, agradecida por el apoyo de las personas que habían acudido a parar su desahucio, dejó un momento la pancarta que sujetaba con el lema “por el derecho a la vivienda” y bailó acompañada del son de un tambor. Apenas unos minutos después la situación se desbordó. La Ertzaintza y la Policía Local acudieron a ejecutar el mandato judicial para abrir paso a la comitiva encargada de desalojar a esta madre de tres hijos, de los que dos, uno de 3 y otro de 7 años, conviven con ella un tercero se encuentra bajo tutela de la Diputación. Alokabide, la sociedad del Gobierno Vasco que gestiona las viviendas de alquiler protegido, ejecutaba el desahucio de Anastasia tras acumular una deuda de 9.000 euros por impago de la renta de alquiler, de 325 euros, durante 22 meses, tiempo en el que según explicó no había podido hacer frente a su pago por falta de ingresos, al serle retirada una ayuda social que recuperó el pasado mes de junio, de 800 euros mensuales a través de la RGI, y con la que había propuesto a la sociedad empezar a saldar su deuda a plazos de hasta 500 euros.

Anastasia, que afirmó haber sido víctima de violencia de género, incidió en que la ayuda le había sido retirada al figurar su expareja como residente en la vivienda, aunque éste no vivía allí. Desde el Departamento vasco de Vivienda, por su parte, señalaron que el desahucio se producía “porque todas las vías de solución planteadas por Alokabide no han dado resultado”. “Alokabide y Lanbide nos dan oportunidades a las personas que no tenemos recursos pero luego nos dejan tirados cuando más lo necesitamos”, denunciaba Anastasia, que lleva más de veinte años viviendo en Vitoria, ocho de ellos residiendo en la vivienda de la que ayer fue despojada. En plena campaña electoral vasca, el desahucio paralizó buena parte de la actividad política, al menos en la capital alavesa, y fueron varios los representantes de EH Bildu, Podemos e Irabazi que acompañaron a los activistas de Kaleratzeak Stop Araba y se plantaron también frente a los cuerpos policiales para tratar de contener el desalojo de esta familia.

Los tres grupos políticos recordaban después que tanto el Ayuntamiento de Vitoria como la cámara foral alavesa declararon oficialmente Vitoria y Álava “territorio libre de desahucios”, pero llegado el momento los mecanismos necesarios para plasmar esa iniciativa se demostraron ayer insuficientes. Aprobada por el Pleno hace un año, la moción municipal contiene de hecho un punto en el que se establece que la Policía Local de Vitoria no debe intervenir en los procedimientos de desahucio, por lo que los tres grupos de izquierdas de la oposición reclamaron la comparecencia extraordinaria del alcalde, Gorka Urtaran, para dar explicaciones sobre lo sucedido, pues según aseguraron algunos de los representantes políticos presentes los agentes de la Policía Local afirmaron actuar “por órdenes del alcalde”, como apuntaron sin ir más lejos desde Irabazi en nota de prensa.

Desde el Ayuntamiento respondieron a este periódico que la guardia urbana está obligada a actuar siempre que se produce un mandato judicial, y señalaron también que tras el desahucio ofrecieron a Anastasia un piso tutelado. Desde Kaleratzeak Stop Araba aseveraron después que la alternativa ofrecida ayer a la familia, un apartamento de acogida, no deja de ser “una residencia provisional sometida a restricciones, puesto que no se admiten visitas, pueden convivir varias familias y otras limitaciones”.

“Alokabide ha desahuciado a 57 familias el primer trimestre de este año. Muchos de estos desahuciados callan porque cuesta poner un rostro para hacer público este drama social, pero cada día es más claro que es la presión social la que puede cambiar esta vergonzosa situación”, aseguraron desde el colectivo. “Stop Desahucios venimos denunciando no sólo la actitud inaceptable de Alokabide sino también el incumplimiento de acuerdos por parte de los juzgados, el Gobierno Vasco y los ayuntamientos para no desahuciar a ninguna familia vulnerable, o en la que estén involucrados menores, mientras los Servicios Sociales no garanticen una alternativa habitacional digna”, concluyeron desde la agrupación.