La historia judicial del desahucio de Sants del pasado miércoles ha quedado aclarada un día después a través de una información facilitada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en la que se confirma que la familia afectada había pedido un piso de alquiler social al ayuntamiento. El caso empezó el 29 de julio del 2015, cuando el propietario de este inmueble denunció a la arrendataria, una mujer a cargo de tres menores que vive con una amiga, porque había dejado de pagar el alquiler.

El 13 de enero del 2016 se ordenó el primer desahucio. El juez averiguó ese día que en el domicilio había menores, lo que obligó a suspender el desalojo. El 2 de mayo, la inquilina conoció una nueva fecha de desalojo. Esta, con una abogada de oficio ya personada en su causa, pidió que se aplazara esta segunda fecha. Se le concedió dado que residía con menores. El 20 de junio, hace tres meses, la mujer notificó en el juzgado que había solicitado un piso a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Presentó un documento con sello para acreditar esta solicitud.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha omitido que esta petición no pudo ser atendida porque la solicitante se encontraba en situación irregular, algo que el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha confirmado por la noche en Twitter. Actualmente, ya con papeles, la mujer está en condiciones de acceder a una vivienda social.

El juez decretó una tercera fecha de lanzamiento el 14 de septiembre y exigió que se llevara a cabo sin más dilaciones.

DESALOJO CON LOS MOSSOS

Colau se ha mostrado mucho más conciliadora este jueves por la mañana con el Govern. Sin embargo, ha reclamado de nuevo que se evite “la presencia de antidisturbios” en los desahucios. El segundo capítulo de la polémica iniciada ayer a raíz de unos tuits de Colau, que ha sido menos agrio que el primero, tampoco se termina de comprender en el seno de la policía catalana.

Fuentes policiales aclaran que, a petición del juez, una patrulla de los Mossos acompañó a la comitiva judicial a realizar el desalojo. Cuando los activistas de la PAH se negaron a permitir el paso, esta comitiva requirió a los policías que los apartaran por la fuerza. Por eso se presentaron dotaciones de antidisturbios para sacarlos y abrir el paso.