Cada minuto, 24 personas se ven obligadas a abandonar sus casas. Los conflictos han provocado la huida de 65,3 millones de ciudadanos en el mundo, cifra superior a la de la II Guerra Mundial. Si fuera un Estado, el de los refugiados ocuparía el puesto 21 en la lista de países más poblados. Ante la magnitud de estos números, España «no ha estado a la altura. En vez de promover vías de tránsito seguras ha mirado hacia otro lado», afirmó ayer José María Vera, director de Oxfam Intermón, en la presentación del informe España suspende en la respuesta a la crisis mundial de desplazados. Hasta la fecha han llegado al país 480 refugiados –201 reubicaciones (de las 15.888 prometidas) y 279 reasentamientos (de los 1.499 apalabrados)–. Es decir, el Gobierno ha cumplido con el 1% del objetivo que se fijó para reubicar a desplazados y con el 18% del objetivo de reasentamientos.

Desde Interior explican a EL MUNDO que este bajo porcentaje se debe «a problemas burocráticos en los lugares de salida de esas personas. Es un proceso largo y complicado, pero estamos haciendo el máximo esfuerzo», afirman. Sin embargo, Vera destaca que «la burocracia no puede ser una excusa, que los Gobiernos se pasan la bola unos a otros pero lo que esconden es una falta de voluntad política escandalosa».

La probabilidad de ser desplazado hoy es un 60% más alta que hace cuatro décadas. Dado que España es el quinto Estado más importante de la UE y la decimocuarta economía mundial por PIB, Oxfam cree que «tiene recursos más que suficientes para dar una respuesta efectiva a esta crisis y poner en marcha mecanismos para evitar que las personas pongan en riesgo sus vidas huyendo de la guerra». Sin embargo, «la miopía de no establecer estos mecanismos ante el miedo de promover un efecto llamada ha causado graves consecuencias para los desplazados, además de promover la multiplicación de redes de traficantes», denuncia el informe. «Es necesario que el Gobierno español abandone esta actitud vergonzosa», afirmó Paula San Pedro, responsable de incidencia humanitaria de la ONG, que pidió a las autoridades que no desaprovechen la oportunidad de dar un «giro radical a su política de migración» en la Primera Cumbre de Alto Nivel sobre Migración y Refugio que se celebrará la próxima semana en el marco de la 70 Asamblea de la ONU. Porque hasta ahora España, que forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU desde 2015, no ha tenido a los refugiados en sus prioridades. «No ha mencionado ni una sola vez a los desplazados en sus declaraciones sobre Yemen, Irak, Somalia o Colombia ni ha hecho referencia al desplazamiento causado por la violencia sexual ni a la vulnerabilidad de las mujeres refugiadas», dice el informe.

Por el contrario, el modelo que España exporta es, según San Pedro, uno contrario a los derechos, con «uso abusivo de la fuerza por parte de las autoridades, devoluciones en caliente, concertinas y cuchillas y hacinamiento en los centros de internamiento». En la última década han muerto más de 1.600 personas tratando de alcanzar España. Pese a ello, la respuesta política «ha sido poner un sistema de vigilancia de última tecnología». ¿Cuánto cuesta este blindaje de las fronteras? Oxfam da algunas comparativas. Por ejemplo, «el coste de mantener un barco y un avión para la vigilancia de fronteras es de 3.700 euros la hora, la instalación y el mantenimiento de las vallas supuso 22.086 euros diarios desde 2005 y se calcula que el coste del desarrollo de los sistemas de vigilancia es de unos 300 millones de euros». El presupuesto español de ayuda humanitaria es de 45 millones.