madrid. La Comisión Europea decidió ayer jugar con los tiempos y aprovechar la comparecencia de Jean – Claude Juncker en el Parlamento para explicar el convulso estado de la Unión, con las crisis de los refugiados y el ‘brexit’ amenazando. Una oportunidad para anunciar inversiones y medidas, como una reforma de los derechos de autor que se adecúen a las nuevas tecnologías y al siglo XXI. Unos cambios, enmarcados en la Estrategia para el Mercado Único Digital, que pretenden establecer «un marco de derechos de autor estimulante y equitativo, que recompensa la inversión», según explicó Günther H. Oettinger, comisario de Economía y Sociedad Digitales. Entre estas modificaciones destaca la equiparación de los editores a otras industrias culturales. En la propuesta de la Comisión se señala que tendrán el derecho a reclamar a plataformas y páginas ‘online’ ciertas compensaciones por el uso de fragmentos informativos en sus espacios.

Unos lugares que pueden ser agregadores de noticias, webs, plataformas de contenidos o redes sociales. Una propuesta mucho más amplia que la legislación actual española, que solo habla de agregadores de noticias. Quedan fuera de esta reclamación – un derecho al que los editores también pueden renunciar si lo desean – los enlaces a otras páginas, los famosos ‘links’. Este nuevo derecho para los editores, indica la Comisión, es «similar al que ya existe en el Derecho de la UE para los productores de películas, los productores de grabaciones (fonogramas) y otros agentes de las industrias creativas, como los organismos de radiodifusión».

Este nuevo derecho reconoce el «importante papel que desempeñan los editores al invertir en contenidos periodísticos de calidad y crearlos». La Comisión considera que en el momento en que sean reconocidos jurídicamente los editores como titulares de derecho, «se encontrarán en una mejor posición para negociar el uso de sus servicios en línea», además de ser una mejor herramienta para luchar contra la piratería. «Es un paso necesario e importante en la garantía de pluralismo de los medios como una base esencial para la libertad de opinión y la democracia en el mundo digital», declararon en un comunicado las asociaciones europeas de editores de periódicos y revistas. Además, en este campo de los derechos de autor, el proyecto de esta directiva pretende obligar a plataformas de distribución de vídeo como YouTube o Dailymotion a usar medios eficaces para «detectar automáticamente las canciones o las obras audiovisuales que los titulares de derechos hayan identificado y cuya autorización o retirada hayan acordado con las plataformas». De esta manera, la Comisión pretende «reforzar» la posición de los titulares de derechos para negociar y ser remunerados por la explotación ‘online’.

Contenidos sin fronteras

La portabilidad es otro de los campos donde la Comisión quiere ampliar en beneficio de los consumidores. Si en diciembre de 2015 consideraba que los abonados podían disfrutar de sus plataformas televisivas de pago sin ningún tipo de recargo, ayer presentó un mecanismo jurídico que permitirá a los organismos de radiodifusión obtener con más facilidad las autorizaciones de los titulares de derechos necesarias para transmitir en línea en otros estados. Son programas que se emiten a la vez en España, por ejemplo, o en diferido a través de diferentes plataformas – como AtresPlayer – . «Permitir que dichos organismos muestren la inmensa mayoría de sus contenidos, como programas de noticias, culturales, políticos, documentales o de entretenimiento, también en otros estados miembros ofrecerá más posibilidades de elección a los consumidores», explica la Comisión.

La nueva directiva también quiere agilizar otros trámites, como que los operadores en vez de negociar con cada titular de derechos para ofrecer paquetes de canales originados en otros estados de la UE, puedan obtener las licencias de las entidades de gestión colectiva que representan a los titulares. También pide a los estados que establezcan órganos de negociación para alcanzar acuerdos de concesión de licencias, «incluidos los destinados a servicios transfronterizos, entre los titulares de derechos audiovisuales y las plataformas de vídeo a demanda».

Unas medidas que no han gustado del todo a Google, que critica el nuevo derecho para los editores. «La propuesta de hoy (por ayer) sugiere que las obras que incluyen texto, vídeo, imágenes deben ser filtradas. Esto conlleva a convertir a internet en un lugar donde todo debe ser revisado por abogados», indica en un comunicado. Por su parte, la SGAE lamenta la ausencia de un derecho de remuneración obligatorio.