El servicio de expulsiones que Muzalas reclama se aplicaría entre los migrantes que llegaron a territorio griego antes del día 20 de diciembre, cuando se puso en marcha el acuerdo entre la UE y Turquía. Todos los migrantes y refugiados que alcanzaron el país heleno antes de esa fecha no pudieron ser devueltos a Turquía, pero tampoco avanzar hacia otros países europeos sin atenerse al procedimiento del programa de reubicación, debido al cierre hermético de fronteras establecido a principios de año.

El ministro pide ahora poder devolver a sus países de origen a aquellos a los que se les deniegue el asilo, pese a que algunos migrantes se quejaban ya en marzo –entonces ante el temor de la inminente activación del acuerdo UE – Turquía– de que la consideración de “refugiado” dependía, en muchos casos, de su propia nacionalidad y no de que se estudiasen sus casos particulares. "Rechazamos la etiqueta de ‘inmigrante económico’, la UE tiene que estudiar nuestros casos", decía entonces un joven paquistaní que había llegado a Lesbos. 

Muchas de las deportaciones que efectúa España, a las que el ministro griego hace referencia, han recibido numerosas críticas por parte de diversas ONG por la posible vulneración de los derechos de las personas migrantes y demandantes de asilo. 

En el caso de la frontera sur, España ha ejecutado numerosas devoluciones en caliente sobre las que la propia Agencia de la ONU para los Refugiados ha dado la voz de alarma porque, dicen, “es evidente que podría haber refugiados” entre las personas a las que se devuelve a Marruecos. 

Las denuncias han llegado también de situaciones en las que se ha deportado a personas que sí habían podido solicitar asilo previamente, pero a las que se lo habían denegado (misma situación en la que estarían los migrantes a los que Grecia quiere expulsar).

Es el caso de Ana María y Natalia (nombres ficticios), una madre y su hija que huyeron de las maras de El Salvador, y cuya solicitud de protección internacional ha sido denegada. El Gobierno no contempla que, en su caso, la violencia de las pandillas sea una amenaza suficiente como para pedir refugio en España, pese a que la joven de 14 años asegure haber visto a compañeros de su escuela “degollados y tirados al río”. 

Con ejemplos como este, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJMe) exigía a principios de verano, con motivo del día mundial de los refugiados, “una revisión de las condiciones para la concesión del asilo en nuestro país”.