Llegaron a su antigua patria huyendo de las matanzas interreligiosas en la República Centroafricana (RCA) después del golpe de Estado de agosto del 2013. Dejaron atrás sus posesiones, sus títulos, sus papeles… Hijos, nietos o bisnietos de chadianos, emigrantes económicos que un día cruzaron la frontera y muchos años después unas 130.000 personas hicieron el viaje de vuelta para salvar sus vidas.

La mayor parte, 91.000, se ha quedado al sur del país, cerca de la frontera con RCA, en campamentos dispuestos por el Gobierno; el tercio restante se ha integrado en comunidades locales. Pobres entre los pobres, los chadianos –que acogen también a refugiados de Nigeria, Sudán y Mali, y tienen sus propios desplazados internos (105.000 en el Lago de Chad, a consecuencia de Boko Haram)– han recibido con naturalidad a estos retornados. Su estatus jurídico, a diferencia de lo que ocurre con los refugiados o incluso con los apátridas, es confuso. La mayoría no tienen papeles chadianos, a menudo tampoco centroafricanos, y se enfrentan a enormes barreras a la hora de buscar trabajo y construir una nueva vida.

La situación es especialmente grave para las 5.200 personas que viven hacinadas en el campamento de Gaoui, un amplio recinto deportivo a 15 kilómetros de Yamena, la capital de Chad. La mayoría son mujeres y niños. Llegaron en aviones oficiales o en la caravana de autobuses fletados por el presidente del país, Idriss Déby. La operación fue ampliamente publicitada en su momento pero sus protagonistas pronto cayeron en el olvido.

Las organizaciones humanitarias internacionales y las oenegés acudieron de inmediato al rescate pero, desde diciembre, pasados más de dos años ya no hay ninguna que trabaje allí, tampoco locales. Sólo les llega ayuda puntual de oenegés. Las razones hay que buscarlas en la multiplicación de crisis humanitarias en otros puntos del planeta, la fatiga de los donantes de ayuda humanitaria y, sobre todo, la falta de iniciativas del propio Gobierno chadiano para dar una solución duradera a estas personas para reducir su dependencia de la asistencia humanitaria.

El campamento de Gaoui amanece convertido en un lodazal insalubre después de las lluvias de la noche pasada. No hay letrinas ni duchas. No todo el mundo tiene su propia chabola (cientos de personas duermen en el suelo en un inmenso hangar), pero sus habitantes intentan vivir con dignidad en medio de su desesperación. Salma ha limpiado su tienda a primera hora de la mañana y está deseando enseñarla. Ha hecho con esmero la cama en la que duerme a ras de suelo y está quemando unos bastoncillos de incienso para perfumar el ambiente. “Tengo dolor. Me quitaron una bala de la pierna pero sigo teniendo una aquí”, dice señalando el abdomen; su marido no sobrevivió al ataque, cuenta en medio de un calor sofocante y una intensa humedad.

A la salida, otras mujeres insisten en mostrar a los visitantes la penosa situación en que viven, entre desechos y barro. Unos metros más allá, unos chavales descargan una carretilla de piedras para arreglar los caminos del campamento con sus propias manos. Algunas mujeres han conseguido abrir pequeños comercios en los que venden té, chucherías y especias.

De una de las chabolas aparece Samira, vestida de punta en blanco, con lentejuelas y brillos. Su amiga ríe: “¡Ella, ella es la fiesta!”. Pero el rostro de Samira no transmite la alegría de sus ropajes. “No sabe lo que sufrimos aquí. No hay nada que hacer, no comemos bien, no hay sitio para todos, no dormimos bien…”, se sincera esta madre, que perdió a su marido en los combates.

El caso de Gaoui es representativo del dilema al que a menudo se enfrenta la comunidad humanitaria y los donantes internacionales: ¿Cuándo una crisis deja de ser una emergencia y cuándo la ayuda se convierte en una dependencia a la postre dañina para todos? “Llevamos dos años apoyando a este grupo y a la comunidad del sur del país. Dos años preguntando al Gobierno qué planes tiene. Para los que están instalados en el sur hay un plan global de reinserción socioeconómica (que incluye medidas para recibir la nacionalidad chadiana) pero los retornados de Gaoui no están incluidos en él. No querríamos utilizar nuevos fondos para impulsar el círculo vicioso de la asistencia y crear una dependencia de la acción humanitaria a los gobiernos y a la comunidad”, expone Florent Méhaule, responsable en Chad de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.

El comienzo de la solución sería el reconocimiento de estas personas como ciudadanos chadianos para poder así acceder a una vivienda, a la sanidad, la educación y el mercado laboral, consideran la ONU y la Unión Europea. “Si no te conocen es imposible encontrar un empleo”, asegura Assir Bemoussa, que se dedicaba a buscar diamantes en RCA y ahora trabaja esporádicamente en la economía sumergida fuera del campo para sobrevivir.

La mayoría de sus habitantes llegaron de la capital centroafricana y vivían del comercio. Hadja, una retornada que padece del corazón y tiene un hijo con paludismo, ha montado un pequeño puesto de venta a la puerta de su cabaña; empezó el negocio revendiendo la comida que le dieron los organismos internacionales al llegar al campo. “Con un poco de dinero podría abrir una tienda, sé cómo hacerlo, sé cómo funciona el negocio”, asegura.

La falta de reconocimiento legal para los retornados de Gaoui contrasta con que estuvieran registrados como nacionales en la embajada de Chad en Bangui y con el hecho de que fue el propio Gobierno quien facilitara su repatriación cuando empezaron los ataques. “Son los olvidados de entre los olvidados”, lamenta una fuente europea. “El objetivo es desbloquear dinero suficiente para ofrecer seis meses de ayuda para alquiler a estas comunidades para salir del sitio”. Con unos mil dólares, podrían abrir su propio colmado “y salir así del círculo vicioso de la asistencia”, explica Méhaule. El coste de cerrar el campamento, con medidas transitorias para dejar atrás la ayuda humanitaria e iniciar una nueva vida, se estima entre cinco y diez millones de euros.

“Chad ha cumplido sus responsabilidades con la defensa de la población pero es cierto que está falto de medios. Su situación presupuestaria, con la caída de los precios del petróleo, no es buena. La ayuda humanitaria va a seguir teniendo un papel importante para proteger a la población”, admite Olivier Brouant, representante de la Oficina Humanitaria de la Comisión Europea en Chad. El presupuesto comunitario prevé dedicar 50,2 millones de euros este año para ayudar a aliviar sus diferentes crisis. Entre refugiados, desplazados y retornados centroafricanos, Chad acoge más de 650.000 migrantes.

El representante de OCHA aprecia también “falta de voluntad política” por parte de las autoridades chadianas para resolver la situación de Gaoui. Chad es el cuarto país menos desarrollado del mundo y su población padece enormes problemas de desnutrición debido a la inseguridad alimentaria, el cambio climático y la presión de refugiados y desplazados. 2,3 millones de sus 13,8 millones de habitantes necesitan ayuda humanitaria.

La lucha contra el yihadismo es la mejor baza de Chad, uno de los pocos países estables de la región. El Gobierno dedica entre el 10 y el 20% del presupuesto a Defensa. Algunas voces advierten del riesgo de que Déby trate de perpetuar el actual reparto de tareas con la comunidad internacional: él, la seguridad, y los donantes, las necesidades humanitarias. “Ahora mismo nos enfrentamos a un difícil arbitraje: asistirles, sí, pero no demasiado para que el Gobierno asuma su responsabilidad”, admite Méhaule, que recuerda que hay otras áreas en la región con vulnerabilidades aún mayores.