En el caso del drama de los refugiados que piden asilo político para buscar un futuro mejor tras huir de la guerra, no hace falta personalizar mucho porque hasta los números son dramáticos. Hace un año que el pequeño de tres años, Aylan Kurdi, junto a su madre y su hermano de cinco, murió en el Mediterráneo que su familia había decidido cruzar en una balsa de plástico. Apenas había comenzado su viaje desde una playa turca. Más de 4.000 personas han desaparecido o han muerto en ese mar turístico y azul, 423 de ellos niños como Aylan y su hermano.

El espanto de aquella imagen conmovió el alma adormecida de la vieja Europa, cuyos dirigentes lanzaron órdagos a lo grande sobre la necesidad de que el horror que sufrían las poblaciones de Siria o Líbano pudiera ser, al menos, paliado. Se desplegó la bandera del asilo político.

El Estado español se comprometió a acoger en dos años a nada menos que 17.680 personas que llegaran pidiendo asilo político. Y vaya si las cifras pueden ofrecer una imagen dramática de la situación, porque hasta el momento solo han llegado 315. El cupo que le correspondía al País Vasco se calculó en unas 1.100 personas, pero solo han encontrado acogida 35, 20 de ellas en Gipuzkoa, que se ha rebelado como uno de los destinos más solidarios a pesar de que tenía asignados a unos 350 refugiados.

La última familia

CEAR y Cruz Roja se ocupan de estas personas, entre las que se encuentran distintas familias con menores, pero hay que recordar la movilización del territorio, que llegó a contar no solo con albergues forales y municipales o con el apoyo de las ongs, sino incluso con más de un centenar de familias que se ofrecieron a alojar a estas personas en sus propias casas. Incluso llegó a ponerse sobre el tapete la posibilidad de utilizar para el acogimiento un hotel cerrado en Zestoa. Nada de esto ha sido necesario, porque mientras los refugiados siguen en sus países o en las abrasadoras costas griegas y albergues turcos, a Gipuzkoa solo han llegado veinte personas.

Los últimos fueron una pareja siria con sus tres hijos varones entre los ocho y los doce años que desde el 30 de junio viven en Donostia. Su periplo fue largo desde que partieran de Siria y llegaran hasta la capital del Líbano, hasta Beirut, para ser trasladados posteriormente a Estambul.

En el aeropuerto de la ciudad turca, en Atatürk, les sorprendió el sangriento atentado, pero por fin llegaron a Madrid y en coche a San Sebastián. Desde entonces viven en un barrio de la capital donostiarra, los padres intentan aprender castellano y los niños se preparan para ir al colegio en cuanto empiecen las clases.

El sistema español de acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional garantiza alojamientos, manutención, asistencia jurídica y psicológica, atención social y asesoramiento; acompañamiento a centros escolares, santarios y sociales públicos; aprendizaje del idioma y habilidades sociales básicas, orientación e intermediación para la formación profesional y la reinserción laboral, actividades culturales y ayudas económicas.

El recuerdo al pequeño Aylan no solo supuso ayer concentraciones como la de Donostia, en la que una cadena humana se colocó en la orilla de la playa de La Concha y lanzó catorce globos en su memoria, sino también para recordar a los Ángeles del Agua, esos niños que como Aylan, fallecen ahogados cuando tratan de escapar de la realidad de la guerra y la violencia.

La situación actual, denuncian las 20 ongs que convocaron la concentración, es aún peor que hace un año, cuando los cimientos de la sociedad parecieron resquebrajarse. La entrada en vigor del pacto firmado por la Unión Europea y Turquía el pasado 20 de marzo, ha dejado según sus datos a 60.000 personas atrapadas en Grecia en campos militarizados repartidos por todo el país. El 40% de ellos son niños.