La Policía Nacional ha detenido a 57 personas en Las Palmas, Barcelona,
Valencia y Donostia acusados de pertenecer a una red dedicada a
la regularización de ciudadanos chinos, a los que cobraba 8.000 euros
por darles de alta en la Seguridad Social como empleados de hogar.
Estos ciudadanos nunca llegaba a trabajar en esos empleos y, una vez
obtenida la residencia, regresaban a Barcelona, donde  estaban
afincados, según ha informado la Policía Nacional.

BILBAO. El líder de la red desarticulada, que también se encuentra  detenido, les conseguía una persona de contacto, española o extranjera con permiso de residencia, que les diera de alta en la Seguridad Social y a los que se pagaban cantidades que oscilaban  entre los 1.500 y los 2.000 euros. Los ciudadanos chinos, por su  parte, abonaban a la organización cantidades cercanas a los 8.000  euros por sus servicios. 

Según ha explicado la Policía Nacional, el cabecilla de la red obtenía la mayoría de los empleadores en su entorno laboral, de  manera que gran parte de los detenidos por falsedad documental y  pertenencia a grupo criminal son trabajadores del sector hostelero de  la isla de Lanzarote. 

La mujer del líder de la organización, igualmente de nacionalidad  china, también daba de alta a supuestos empleados de hogar a cambio  de dinero y le fueron intervenidos 14.480 euros en el aeropuerto de  Lanzarote “cuando regresaba de obtener el cobro que los ciudadanos  chinos le debían por sus servicios”. 

Durante el registro en su domicilio, los agentes se han incautado  de material informático y documentación que ha confirmado que “toda  la actividad de la red se centraba en su líder, que se encargaba de  tramitar la documentación, buscar supuestos empleadores, y organizar  los viajes para realizar los trámites dirigidos a la regularización  de los ciudadanos chinos”.

UNA FUNCIONARIA Y UNA GESTORIA

Entre los “pilares” de esta red, se encontraba también una  funcionaria, empleada del padrón municipal, del Ayuntamiento de una  localidad lanzaroteña, que facilitaba la inscripción de estos  ciudadanos irregulares, trámite necesario para su regularización. Los  agentes descubrieron a casi treinta personas empadronadas en el  domicilio del cabecilla de la organización y otras cuatro en el de la  propia funcionaria, que también habría dado de alta a supuestos  empleados de hogar de nacionalidad china. 

La red dotaba a estas contrataciones de “apariencia legal” desde  una gestoría, que proporcionaba nóminas y contratos falsos para que  el resto de implicados pudieran presentarlos en las instituciones  públicas si se investigaban esas relaciones laborales. El responsable  de esta gestoría también está entre los detenidos. 

La operación ha sido llevada a cabo por la Brigada Central de  Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y  Fronteras y las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de  Las Palmas y de Barcelona.