En un contexto de creciente recelo frente a los signos vinculados al Islam en el espacio público, las decisiones adoptadas por una treintena de Ayuntamientos del litoral francés prohibiendo el uso del burkini – una especie de traje de baño con capucha que cubre brazos y piernas para que las musulmanas practicantes puedan ir a la playa – no sólo se ha convertido en la polémica del verano, sino en un nuevo motivo de división política incluso en el seno del Gobierno.

El tono del debate se ha endurecido además por los recientes atentados que han sacudido al país y por la cercanía de las elecciones presidenciales de mayo del 2017 en las que, tanto a derecha como a izquierda, el objetivo es arañarle votos al rampante Frente Nacional, que gana terreno sin mover un dedo con cada polémica de este tipo.

De ahí la importancia de la audiencia que se ha celebrado este jueves en el Consejo de Estado, la máxima autoridad administrativa francesa, sobre la legalidad del decreto del alcalde conservador de la localidad de Villeneuve Loubet, en la Costa Azul, que prohíbe la cuestionada prenda alegando riesgos potenciales de alteración del orden público.

El Consejo de Estado deberá pronunciarse este viernes sobre las apelaciones presentadas por la Liga de los Derechos Humanos (LDH) y el Comité contra la Islamofobia en Francia (CCIF) tras la decisión del Tribunal de Niza avalando el decreto antiburkini.

Aunque el Elíseo ha mantenido silencio sobre este delicado asunto a la espera del veredicto  de la alta institución, muchos miembros del Gobierno se han pronunciado al respecto y no siempre en la misma dirección.

Fiel a su estilo, el primer ministro, Manuel Valls, ha defendido la línea más dura reiterando este jueves su apoyo a los alcaldes, al considerar que el burkini es un signo de proselitismo religioso que encierra a la mujer.

Todo lo que suponga una voluntad de atacar al Islam es condenable pero hay que luchar contra el islamismo radical, contra los símbolos con los que pretenden ocupar el espacio público. Es una batalla ideológica, ha dicho en la radio RMC el jefe del Ejecutivo, que no es, en cambio, partidario de legislar sobre el burkini, como se hizo en su momento sobre el velo en los colegios o el burka.

En cambio, la ministra de Educación , Najat Vallaud – Belkacem, ha dicho que la proliferación de decretos anti – burkini supone una deriva política que conduce a dar rienda suelta al racismo. También la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, ha denunciado una especie de histeria política y mediática en torno a este asunto.

También las asociaciones feministas parecen divididas. Mientras algunas critican los vetos municipales otras denuncian una indumentaria sexista o arcaica sin llegar a pedir su prohibición. Según Osez le féminisme (OLF) las grandes perdedoras son las mujeres de confesión musulmana, porque padecen, al mismo tiempo, la humillación, el sexismo y el racismo.

Para la creadora del burkini, Aheda Zanetti, en cambio, la prenda persigue precisamente un objetivo feminista. Cuando inventé el burkini, a principios del 2014, fue para dar más libertad a las mujeres, no para que tuvieran menos, ha dicho en The Guardian.

La publicación en un diario británico de las fotos de una mujer con pañuelo registrada por la policía de Niza ha añadido más leña al fuego e incendiado las redes sociales. El Colectivo contra la Islamofobia asegura que tiene en este momento 16 expedientes de mujeres con velo que han sido amonestadas a pesar de que ninguna llevaba burkini.

El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, tras una reunión urgente solicitada por el presidente del Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM), Anouar Kbibech, advirtió que las ordenanzas municipales dictadas en nombre del laicismo no deben llevar a la estigmatización o al antagonismo de unos franceses frente a otros.

En las filas de la derecha, el ex presidente Nicolas Sarkozy, mostró su hostilidad a la prenda en cuestión al considerarla un acto político militante y una provocación.

Según un sondeo publicado este jueves en Le Figaro, el 64% de los franceses se opone al burkini en las playas. El 83% de ellos son simpatizantes del Frente Nacional, el 76% de Los Republicanos y el 62% del Frente de Izquierdas.