Dice el Instituto Nacional de Estadística (INE) que uno de cada tres vascos ha pagado alguna vez por tener sexo. Más allá del debate moral que pueda suscitarse, conviene saber que entre las aproximadamente 3.000 prostitutas que trabajan en el territorio algunas padecen un auténtico calvario. No ven un euro pese a vender su cuerpo, sufren palizas y vejaciones, son drogadas y retenidas contra su voluntad en pisos y clubes de alterne. Se conocen incluso casos en los que las chicas ni siquiera saben en qué ciudad viven.

¿Le parece duro? Hay más. Una mujer era violada por sus captores de día y entregada a los clientes de noche, y otra sufrió quemaduras de gravedad al moverse por una localidad empotrada en el salpicadero de la furgoneta que conducía un proxeneta. Estos casos han ocurrido en Euskadi, donde el protocolo para rescatar víctimas de la trata de blancas que lidera Emakunde acaba de cumplir cinco años. Al principio los expertos no tenían claro si se detectarían casos, ahora ya saben que salvan vidas: desde 2011 una media de ocho esclavas sexuales son rescatadas de las mafias cada ejercicio.

Aunque su labor es pionera en España, el Instituto Vasco de la Mujer es muy reacio a hablar del tema. «Es muy delicado», se limitan a señalar. Cualquier dato sobre las chicas puede identificarlas y las mafias son implacables con las desertoras. Algunas de las esclavas aprovechan el descuido de los hombres que las vigilan para dar la voz de alarma, aunque la mayoría ve la luz tras operaciones policiales y las denuncias de las ONG que ayudan a las prostitutas a pie de calle. Sus datos arrojan algo más de luz sobre el perfil de las víctimas: son extranjeras – africanas y latinoamericanas sobre todo – y jóvenes – la mayoría no alcanza los 30 años – . Lo habitual es que lleguen al país engañadas, con una oferta laboral como cuidadoras, masajistas o limpiadoras, aunque algunas saben que van a dedicarse a la prostitución. Pero nunca el infierno que les aguarda.

El protocolo vasco contra el comercio de personas comenzó a tomar forma en 2010, cuando el Gobierno central dio los primeros pasos en ese sentido. Aquel año también se modificó la Ley de Extranjería, que ofrece desde entonces un periodo de «restablecimiento y reflexión» a quienes han pasado el calvario. Durante al menos treinta días pueden recuperarse del martirio y decidir si quieren denunciar a sus captores. Si lo hacen se les ofrece un permiso de residencia por causas excepcionales. La labor liderada por Emakunde cuenta con la colaboración de los cuerpos de seguridad (Ertzaintza, Policía Nacional y Guardia Civil), los gobiernos central y vasco, las ONG y las asociaciones vinculadas con el mundo de la prostitución, la Comisión Antisida, Médicos del Mundo…

Una vez rescatadas de las mafias, las víctimas siguen un itinerario casi idéntico al de las mujeres que sufren violencia de género. Lo primero es hacerlas ‘desaparecer’ en pisos de acogida donde se les presta atención psicológica y sanitaria, aunque son muy pocas las que los utilizan ya que casi todas prefieren cobijarse en viviendas de amigos. Muchas veces, muy lejos del País Vasco. Para las que se quedan, las fuerzas de seguridad diseñan un sistema de protección que puede incluir escolta, contravigilancia y teléfonos ‘bortxa’ del pánico. El problema es que, a diferencia de lo que pasa con las mujeres maltratadas, los agentes no tienen identificados a los posibles agresores.

También menores españolas

Aunque las víctimas van apareciendo con cuentagotas, las autoridades creen que puede haber muchas más. En España el pasado año fueron identificadas 14.000 víctimas, pero la Policía Nacional estima que suponen apenas un tercio de las mujeres que viven atrapadas por las mafias realmente. En un mundo tan volátil como el de la prostitución, en el que las mujeres pueden pasar apenas unos meses en una ciudad antes de cambiar de provincia o de país, preocupa especialmente no poder actuar con rapidez «pese a tener sospechas».

Y aunque parezca una lacra que afecta exclusivamente a mujeres extranjeras, no es así. También hay esclavas sexuales españolas. Y muy jóvenes. A comienzos de mes la Guardia Civil desmanteló una trama que captaba menores de edad en Huelva. Niñas con problemas de arraigo y procedentes de familias desestructuradas que resultaban un blanco fácil. Una oferta de trabajo las llevaba a Madrid, donde se les retiraba la documentación y el móvil hasta que quedaban aisladas. Tras drogarlas durante unas semanas, cuando su conciencia sobre la situación se desvanecía, eran enviabas a clubes de alterne de Ourense. En una habitación de uno de esos locales un policía llegó a encontrar a un niño de 8 años.