A punto de cumplirse un año del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, sus presidentes acordaron ayer en Puerto Ordaz, en el municipio venezolano de Caroní, las medidas necesarias para regular una nueva manera de convivencia con la «paulatina, segura y controlada» apertura de los pasos fronterizos comunes. La seguridad es prioritaria para Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. Para ello sus fuerzas armadas colaborarán para perseguir en sus territorios a delincuentes que actúan en un país y se refugian en el vecino, como sucede con bandas paramilitares como ‘Los urabeños’ o ‘Los rastrojos’. Ambos mandatario también se han comprometido a luchar contra el contrabando de combustible, alimentos y los problemas surgidos a causa de las diferencias por los tipos de cambio.

Otra medida – trabajada previamente por las cancilleres Delcy Rodríguez (Venezuela) y María Ángeles Holguín (Colombia) en su encuentro de la semana pasada – fue la creación de una tarjeta para los habitantes de la frontera que les permita cruzar de manera controlada. Por su parte, Colombia también exigirá a los venezolanos de otras regiones tener reserva hotelera y demostrar un mínimo de 40 dólares para gastos diarios.

Ambos presidentes y sus equipos se reunieron con agendas trilladas por sus jefas de Exteriores para pactar un cronograma que permita normalizar el tráfico fronterizo, que inicialmente será solo peatonal de cinco de la mañana a ocho de la tarde en cinco puentes internacionales de los más de 2.200 kilómetros comunes. «Será una medida gradual y paulatina, que irá incorporando las necesidades de los sectores de transporte, comercial y aduanero, hasta que se logre entrar en total regularidad la frontera», dijo Víctor Bautista, director de Integración y Desarrollo Fronterizo, de la Cancillería colombiana.

Las delegaciones llegaron a esa cita en vísperas de que se cumpla un año de que Nicolás Maduro anunciara el cierre de los puentes internacionales después de un atentado contra una comisión militar que investigaba el contrabando vinculados a paramilitares colombianos que se saldó con tres uniformados muertos. Según Maduro además se daba un multimillonario contrabando de alimentos venezolanos subsidiados por su Gobierno. Entonces Colombia acató el cierre y desplegó mayores medidas de seguridad. Ahora es Venezuela quien está más interesada en reabrirlo.

La escasez, y sobre todo los altos precios de los alimentos, fue decisiva para que en julio pasado unas 500 mujeres vestidas de blanco forzaran el cruce buscando alimentos y que por dos fines de semana consecutivos se permitieran pasos humanitarios utilizados por más de 100.000 personas que regresaban con bolsas cargadas de azúcar, aceite, harina, medicinas y jabón.

Sin embargo, en la frontera colombiana existe temor a que se produzca un ingreso masivo de venezolanos que buscarían alimentos y no exportar electrodomésticos, lo que podría acabar con las provisiones en las zonas más selváticas.

El otro tema del encuentro fue la participación del Gobierno de Nicolás Maduro en los intentos de dialogo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Venezuela es uno de los países acompañantes de la Mesa de Diálogo de La Habana con las FARC, un proceso que ha entrado en la recta final. Santos intentó sacar adelante también la paz con el ELN y aceptó los buenos oficios de Caracas para la aproximación de las conversaciones que se desarrollarían en cinco países. La resistencia de los ‘elenos’ a liberar secuestrados tiene paralizado el intento.