la decisión del Tribunal Constitucional de avalar el decreto que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2012, una de las primeras decisiones políticas tras ganar las elecciones de diciembre de 2011 con mayoría absoluta, para excluir a los ciudadanos en situación de irregularidad administrativa – personas inmigrantes sin papeles – , abre un nuevo frente político entre Navarra y el Estado, ya que la decisión del Constitucional rechaza el recurso interpuesto por la mayoría del Parlamento de Navarra ese mismo 2012, sin apoyo de UPN y PP, contra una medida que vulnera los derechos democráticos básicos a la atención sanitaria de miles de personas. Es cierto que la resolución del TC sólo analiza la legalidad de la forma del decreto ley para legislar sin entrar al fondo de la medida, pero no se puede olvidar que a ese recurso contra el decreto del Gobierno de Rajoy le siguió en Navarra la aprobación en 2013 de una ley foral que, desde la aplicación de la capacidad del autogobierno, garantiza la atención sanitaria universal, que a su vez fue recurrida por el Gobierno del PP en su momento y sobre ella aún no ha resuelto el Tribunal Constitucional. Pero no sólo es una cuestión de capacidad política y de autogobierno de Navarra, sino una cuestión de humanidad, solidaridad y justicia social. Además de Navarra, otras cinco comunidades mantuvieron la misma respuesta y siguieron la misma senda política en defensa de los derechos de las personas a la atención sanitaria pública (Andalucía, Asturias, Canarias, la CAV y Catalunya), con el apoyo de partidos, asociaciones sociales – desde Cáritas a Médicos del Mundo, Cruz Roja o Intermón – , sindicatos, varias ONG y organizaciones de profesionales sanitarios. Es cierto que la llegada masiva de personas de origen y cultura diferentes a la nuestra es siempre un problema difícil de gestionar, como estamos observando a lo largo y ancho de la UE. Pero hay debates en los que una sociedad que presume de solidaria y humanista no debería tener veleidades, y más si se tiene en cuenta que Navarra fue pionera, hace ya muchos años, en la atención médica a todas las personas. La sanidad universal y gratuita se ha convertido en uno de los últimos factores de integración social. Ni las instituciones ni la sociedad ni los profesionales deberían permitir que dejara de serlo. Y menos aún que detrás de gestos y decisiones políticas siempre quede la sospecha de la búsqueda del rédito electoral a costa de airear discursos xenófobos y ultras que inciden en la persecución del otro, del diferente.