Desde la cubierta del barco al que le subieron quienes acaban de salvarle la vida, Abu Bakr relata con impotencia lo que ha vivido. El joven maliense de 24 años explica que el precio que deben pagar los migrantes y refugiados para alcanzar Europa no queda solo en los miles de dólares que desembolsan para montarse en un bote hinchable. Tampoco en jugarse la vida en el mar.

Antes, muchos sufren secuestros, torturas, intimidaciones, palizas y abusos sexuales por parte de traficantes y autoridades en Libia, país desde el que parten la mayoría. “Allí no somos personas, no somos nadie. Por eso nos arriesgamos tanto para cruzar este mar”, explica. 

“Todos los solicitantes de asilo deberían tener derecho a que su caso sea escuchado y juzgado en base a sus características específicas. Sin un régimen de asilo en Libia, las personas que buscan protección no pueden ser registradas y tratadas en conformidad con el derecho internacional de protección de los refugiados. Dado que Libia no ha firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y actualmente atraviesa su propia crisis humanitaria, los países de la Unión Europea no pueden asumir que estos derechos se garantizan en territorio libio”, asegura la ONG.