El índice de tolerancia de los ciudadanos vascos respecto a las 
personas inmigrantes de origen extranjero ha crecido un punto en el 
último año, hasta situarse en un 59 por ciento, y se sitúa en el  punto
más alto desde 2007.

GAZTEIZ. El Observatorio Vasco de la Inmigración – Ikuspegi ha presentado este viernes su informe ‘Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera’, que, en términos generales, dibuja una  mejoría de los ciudadanos respecto a esta parte de la población.

El estudio, realizado a partir de 600 encuestas efectuadas entre  marzo y abril, indica que  el índice de tolerancia de los vascos  respecto a las personas inmigrantes de origen extranjero ha crecido  un punto en el último año, hasta situarse en un 59 por ciento, y se  sitúa en el punto más alto desde 2007.

Los datos de Ikuspegi reflejan que un 43,5 por ciento de los  encuestados entraría en la categoría de ‘tolerantes’, mientras que un  38,3 por ciento es catalogado como ‘ambivalente’ y un 18,2 por  ciento, como ‘reacio’ hacia la inmigración extranjera.

Este organismo considera que el “deterioro” de las actitudes hacia  este sector de la población ha estado muy ligado a la crisis económica y que la actual “mejora” del contexto económico ha empezado a “revertir” este proceso.

AYUDAS

El trabajo analiza algunos de los principales estereotipos relacionados con las personas que llegan de otros países, entre ellos  los que afectan a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), una prestación económica para personas sin recursos económicos o en riesgo de exclusión social.

La concesión de esta ayuda está ligada a una serie de requisitos, como la inexistencia o escasez de ingresos y de patrimonio. Además,  para poder acceder a esta prestación, tanto las personas autóctonas  como las extranjeras, han de tener una antigüedad mínima de tres años  de empadronamiento en Euskadi.

La encuesta indica que el 48,5 por ciento de los ciudadanos apoya  que todas las personas, autóctonas e inmigrantes, puedan acceder a la  RGI si lo necesitan, “según los requisitos actuales” de la normativa.  Esta cifra supera en casi nueve puntos porcentuales a la registrada  en 2015.

Por detrás de esta opción, que es la mayoritaria entre las cuatro  que refleja la encuesta, se sitúan quienes piensan que ningún  inmigrante debería acceder a la RGI (3,3 por ciento), los que creen  que sólo deberían recibirlas los inmigrantes “después de percibirlas  los autóctonos que lo necesiten” (27 por ciento) y quienes consideran  que únicamente deben acceder a estas prestaciones los extranjeros en  situación administrativa regular (18,7 por ciento).