Hasta hace apenas una semana en Alemania todo apuntaba a que Angela Merkel podría irse a sus vacaciones en Tirol del Sur con la tranquilidad de llevar los deberes hechos. Las presiones de sus socios bávaros de la CSU remitieron, la crisis de refugiados parecía empezar a estar controlada y el partido de la canciller remontaba en las encuestas. Pero sólo era calma antes de la tormenta.

Los tres ataques violentos –dos de ellos perpetrados por refugiados y reclamados por el Estado Islámico– que han sacudido el sur del país en la última semana han reabierto la herida entre Múnich y Berlín y ha provocado un alud de críticas a la política de asilo de la Cancillería.

«Necesitamos más protección», reiteró el primer ministro de Baviera, Horst Seehofer, cuyo partido, la Unión Social Cristiana (CSU), es socio en el gobierno de coalición de Angela Merkel. Para Seehofer, la respuesta a los hechos violentos de los últimos días es clara: más medios para la policía, más controles fronterizos y endurecimiento de la política de refugiados. «Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos», dijo ante la prensa en la clausura de unas jornadas a orillas del lago Tegern. Entre las medidas contempladas para hacer frente a la amenaza terrorista, el Ejecutivo bávaro contempló incluso recurrir al ejército.

Seehofer lanza así un nuevo dardo envenenado a la canciller Angela Merkel, con la que está enfrentado desde hace meses por su «laxa» política migratoria, e ignora los esfuerzos del Gobierno de Berlín de no mezclar el debate de la seguridad y el de los refugiados. «Entre nosotros viven muchos solicitantes de asilo con una vida dura y debemos ayudarles. Pero entre ellos hay desgraciadamente también gente con un potencial de violencia terrible. Eso no es lanzar una sospecha generalizada, sino un hecho», subrayó.

La respuesta del Gobierno de Berlín es insuficiente para el gabinete bávaro, que reclama «respuestas claras» ante esta «nueva dimensión del terror» que sufre el país germano. «La gente está atemorizada», añadió.

Durante los últimos meses del pasado año el estado de Baviera, fronterizo con Austria, recibió al grueso de los flujos de refugiados que llegaban a las costas europeas o a través de los Balcanes y emprendían camino hacia el norte de Europa. En 2015 entraron en Alemania cerca de 1,1 millones de solicitantes de asilo, y muchos recalaron en diversos puntos del Land. La política de puerta abiertas de la mandataria llevó a las instituciones de Baviera al borde del colapso y abrió un enfrentamiento entre Berlín y Múnich que se ha reactivado con los últimos acontecimientos.

Entre sus controvertidas propuestas, el líder de la CSU de Baviera también dijo que estar bajo tratamiento médico no debe ser razón para paralizar la expulsión de un refugiado de territorio alemán. Alude así al ataque del domingo en Ansbach, cuyas investigaciones delataron que no se procedió a la expulsión del terrorista suicida por los problemas de salud tanto físicos como psicológicos del joven.

El Gobierno bávaro propuso además que se contemple la posibilidad de retornar a solicitantes de asilo a zonas de conflicto. «La expulsión de refugiados a regiones en guerra debe dejar de ser un tabú», dijo el ministro del Interior bávaro, Joachim Herrmann, en la misma rueda de prensa. Herrmann subrayó también la necesidad de vigilar los albergues de refugiados: «No puede ser que en un centro financiado con dinero público se almacenen materiales para fabricar bombas y que nadie se fije», recalcó en referencia a los diversos productos que guardaba el joven en su habitación.

El Ejecutivo de Seehofer fue la voz más contundente, pero no la única, que exigió a Merkel cambiar de rumbo en su política migratoria. El lunes, la diputada en el Bundestag del partido Die Linke(La Izquierda) Sarah Wagenknecht acusó a la canciller de haber subestimado los «importantes problemas» derivados de su política de acogida de solicitantes de asilo.

También el partido xenófobo de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) aprovechó para criticar con dureza al Ejecutivo de Berlín. «¿Qué más debe pasar para que comencemos a controlar quién entra en nuestro país?», se preguntó en un comunicado su líder, Frauke Petry. Se espera que su partido, que había bajado en las encuestas de intención de voto en los últimos meses, podría sacar rédito del debate surgido a raíz de los recientes atentados.

Las voces críticas con la política de la canciller llegaron incluso desde sus propias filas. Según Armin Schuster, uno de los responsables de Interior de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) que lidera Angela Merkel, «algunos tienen la impresión de que pueden permitirse todo porque no entienden que el Estado responda de forma tan suave ante las violaciones de la ley». Frente a la «cultura de la acogida» de Angela Merkel, Schuster subrayó al diario Stuttgarter Zeitung la necesidad de «una cultura de la expulsión» para garantizar que quien no tiene derecho a asilo abandona el país.

La situación excepcional que vive Alemania estos días obligó a la canciller Merkel a interrumpir sus vacaciones. La mandataria ofrecerá mañana jueves una rueda de prensa en la que se espera que aborde ante los medios la situación del país y dé pistas sobre los pasos a seguir del Ejecutivo en materia migratoria. Será difícil que todo siga como hasta ahora.