Madrid – El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avaló en términos generales la constitucionalidad del Real decreto 16/2012 por el que el Ministerio de Sanidad a cuyo frente se encontraba Ana Mato reguló la condición de beneficiario de la asistencia sanitaria pública y dejó sin tarjeta a los inmigrantes carentes de permiso de residencia en nuestro país desde septiembre de ese año.

Fuentes del tribunal de garantías confirmaron el sentido de la votación que se produjo durante la sesión del Pleno celebrada este jueves, por ocho votos frente a tres, si bien la sentencia aún no ha sido notificada porque falta la incorporación a la misma de los votos particulares de los magistrados que se posicionaron en contra de la opinión mayoritaria.

La norma avalada entró en vigor en septiembre de 2012 y había sido recurrida por el Parlamento de Navarra, si bien el TC ha rechazado dicho recurso en su mayor parte por no considerar que los recortes vulneraran la Constitución en el contexto económico en el que fueron adoptados.

El 1 de septiembre de 2012 entraba en vigor esta norma del Ministerio de Sanidad que regulaba la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública. Desde su aprobación, Médicos del Mundo afirma que más de 800.000 personas han perdido el derecho a una asistencia sanitaria. – Efe