Ana Mato llegó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en diciembre de 2011 con una misión principal: recortar el gasto sanitario. Las primeras áreas que se vieron afectadas fueron la dependencia y el pago de fármacos. Se modificaron los criterios para que las personas y sus familias accediesen a las ayudas y se impuso el copago farmacéutico para la gran mayoría de los casos (los parados de larga duración no abonan nada). Un tercer apartado de ahorro fue el llamado ‘turismo sanitario’, evitar que los extranjeros se aprovecharan de los servicios sanitarios públicos. Es decir, una decisión tomada tanto para evitar las vacaciones sanitarias de los veraneantes comunitarios como para frenar la atención a los inmigrantes ilegales. El decreto 16/2012 convertía a los usuarios de la sanidad pública en asegurados y beneficiarios y dejaba fuera a todos los ‘sin papeles’ que no tuvieran una enfermedad crónica, a las embarazadas y a los menores. El resto de las personas debían acudir al médico por urgencias y eran atendidos. En caso de ser enfermedades graves o accidentes, no habría ningún problema para el paciente; en otros casos, deberían abonar cierta cantidad por la atención. La medida de Mato provocó toda una polvareda entre las organizaciones médicas, las ONG y las comunidades autónomas, que son las que tienen que atender a estas personas.

El Parlamento de Navarra presentó un recurso contra el decreto ante el Tribunal Constitucional, que el jueves dio la razón al Ejecutivo en líneas generales: a los inmigrantes ilegales se les puede quitar la tarjeta sanitaria. Ocho magistrados han apoyado esta tesis, que cuenta con tres votos particulares en contra, basándose en que el principio constitucional (artículo 43) de que la universalidad sanitaria no estaba en entredicho, ya que los inmigrantes serán atendidos por los servicios de urgencia de los centros hospitalarios.