El Ayuntamiento de Barcelona recibió ayer la denegación del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de la Ciudad Condal para que inspectores municipales entren al centro de internamiento de extranjeros (CIE) a comprobar si las instalaciones están en funcionamiento, contraviniendo la orden de cese de actividad que emitió el consistorio el pasado día 4 por carecer de la licencia.

En su auto, el juez sostiene que «hay serias dudas» sobre si la orden de cierre del CIE entra dentro de las competencias municipales. Considera además que «llama la atención que la petición de entrada no se solicite para ejecutar un acto administrativo, sino simplemente para comprobar si este se ha ejecutado», en referencia a la orden municipal de cese. Y entiende que la petición para comprobar si el centro se encuentra operativo no es necesaria porque, dado que la prensa se ha hecho eco de la reapertura del centro, es «un hecho público y notorio» que el CIE ha reabierto tras las obras, y que empezó a recibir a los primeros internos el jueves de la semana pasada.

La resolución señala asimismo que la licencia de actividades que ahora reclama el Ayuntamiento no la ha exigido «en los diez años de funcionamiento del centro», y reprocha al mismo no haber incluido «ningún informe jurídico que sirva de base» a la orden de cierre, si bien entiende que se redactó al menos uno y que no se ha aportado. Finalmente, el auto advierte que esta petición esconde un claro conflicto competencial entre el Ayuntamiento y la Administración del Estado.

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