La ofensiva municipalista para cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, liderada por el gobierno de Ada Colau, ha recibido este miércoles un notable revés judicial. El juzgado contencioso administrativo número 2 de Barcelona ha denegado al Ayuntamiento de Barcelona la autorización para que inspectores municipales entren en el CIE y comprueben si está en funcionamiento contraviniendo la orden de cese de actividad dictada a principios de mes por carecer de la licencia adecuada e incumplir la normativa de prevención de incendios.

En un auto al que ha tenido acceso La Vanguardia, la jueza Elsa Puig entiende que “existen serias dudas sobre la competencia del Ayuntamiento para ordenar el cierre del CIE por no disponer de licencia de actividad como establecimiento asimilado a los de hostelería”. La magistrada también señala que esta licencia de actividades que ahora exige el Ayuntamiento “no se ha exigido por el consistorio en los diez años de funcionamiento del centro” y que el municipio tiene constancia del uso de las instalaciones al menos desde mayo de 2005, cuando expidió el permiso de obras mayores realizadas en el centro.

“Llama la atención que la petición de entrada no se solicite para ejecutar un acto administrativo, sino simplemente para comprobar si éste se ha ejecutado”, asevera el auto. Además de diferentes errores formales, la jueza recrimina al gobierno municipal que curse la petición como una “solicitud ordinaria”, cuando a su juicio “lo cierto y verdad es que esconde un claro, manifiesto y evidente conflicto competencial entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Administración del Estado, gestora del CIE”.

El Ayuntamiento recurrirá el auto

El teniente de alcalde Jaume Asens ha valorado este miércoles ante los medios la decisión judicial, que ha matizado que respeta pero le “preocupa” por el “precedente que genera de sensación de opacidad”. “La ciudadanía no entiende que los CIE se muevan fuera de la legalidad, que no se puedan realizar inspecciones”, ha dicho. Para Asens, el hecho que el CIE haya operado durante una década sin la licencia adecuada, como ha recordado la jueza en su auto, “no exime la obligatoriedad del CIE” de disponer de este permiso municipal. Por ello, ha anunciado que el gobierno municipal tiene intención de “recurrir la interlocutoria” y seguir con el procedimiento administrativo interno abierto “para proceder al precinto” de las instalaciones del ministerio en Zona Franca.

En vistas que el auto ya reconoce que el CIE ha reabierto y alberga actividad como tal, Asens ha asegurado que ya no resulta necesaria una inspección y que ahora los servicios jurídicos valorarán si dan el siguiente paso, que sería enviar un requerimiento de cierre. También ha sostenido que el ministerio del Interior no ha presentado hasta el momento ningún recurso de alzada contra la resolución municipal de principios de julio – para lo que tiene un plazo de un mes – y ha pronosticado que el pulso en los juzgados puede alargarse más de un año.

Pulso político

El CIE de la Zona Franca recluyó el pasado jueves al primer interno, justo una semana después de su polémica reapertura el mismo día que el consistorio barcelonés anunciaba su maniobra administrativa para impedirlo. El Ayuntamiento envió en dos ocasiones – el miércoles y el lunes – inspectores al CIE de la Zona Franca para verificar su uso y en ambos casos el ministerio de Interior dio instrucciones para que la policía del centro impidiera el acceso de los técnicos municipales. Aunque el teniente de alcalde Jaume Asens reconoció desde el primer día que el margen de maniobra local es escaso por la falta de competencias, amenazó con “mecanismos coercitivos” como multas o incluso precintar el CIE.

Este lunes tuvo lugar una reunión interinstitucional, convocada de urgencia por Ada Colau, para abordar la cuestión y escenificar un frente común del Ayuntamiento, la Generalitat, el Parlament y las principales entidades movilizadas contra este tipo de centros. A la salida del encuentro, Asens anunció a la prensa que los servicios jurídicos municipales estudian si pueden pedir responsabilidades penales al Ministerio por desobedecer la orden de cese y por no permitir el acceso a los inspectores, además de seguir con la vía administrativa sancionadora. El teniente de alcalde contaba con recibir la autorización judicial en menos de un mes y una vez otorgada preveía fijar día y hora para el precinto del CIE, que se haría acompañado de una nueva protesta de las asociaciones pro Derechos Humanos.