Menos de una semana después del atentado de Niza, la Asamblea Nacional debatió ayer el nuevo proyecto de ley del Gobierno que prevé prolongar el estado de emergencia hasta seis meses más. Esta medida debía llegar a su fin el próximo 26 de julio pero la matanza reivindicada por el Estado Islámico (IS, en inglés) hizo que Hollande cambiara de opinión en un texto que ahora permitirá además registros, control de ordenadores y teléfonos además del mantenimiento de la operación Centinela. El Senado tendrá que dar también su visto bueno tras la decisión del Parlamento.

Los miembros de la Comisión de Leyes, que precedía a la revisión del texto por los diputados fijada a las 21:30 horas, aceptaron dar luz verde a una prolongación de hasta seis meses, por tanto hasta finales de enero de 2017, lo que supondría más de un año en el uso de esta excepcional medida utilizada ahora por el Ejecutivo en la lucha antiterrorista.

Desde que el Gobierno tomará la decisión, Valls mostró públicamente su interés en que el acuerdo fuera respaldado por una mayoría de las fuerzas políticas, abriendo la puerta a las propuestas de la oposición siempre que estas «no cuestionen el estado de derecho, nuestra democracia, nuestros valores y en nuestro marco constitucional».

Siguiendo la propuesta del Gobierno, el texto vuelve a autorizar los registros administrativos que no se incluyeron en la última prolongación llevada a cabo en mayo, cuando la celebración de la Eurocopa y el Tour de Francia eran la excusa para establecer esta medida que ayudaba a las autoridades a garantizar la seguridad durante las aglomeraciones de junio y julio por tales acontecimientos deportivos.

«La utilidad y eficacia de los registros aumentarán», según Valls, por la inclusión de una nueva medida que permite acceder a los datos de ordenadores y teléfonos incautados durante los registros. Este punto tampoco entró en la revisión del texto en febrero ya que no obtuvo el respaldo del Consejo constitucional. Según Valls, ahora se han aportado las «garantías exigidas» por esta institución que hace unos meses consideró que la disposición chocaba con la conciliación de control del orden púbico con el derecho a la vida privada. Este mismo martes, el Consejo constitucional defendía públicamente la «justificación» de una nueva prolongación recordando sin embargo que esta situación no puede extenderse de forma indefinida.

La idea de que la prolongación fuera de seis meses vino del partido de Nicolas Sarkozy, Los Republicanos (LR), que estimaban en dicha cantidad el tiempo «mínimo» para incluir así las fiestas navideñas y fin de año. Al Gobierno le pareció una idea coherente como dejó claro, entre otros, el ministro de Justicia, Jean-Jacques Urvoas, que aseguró en la radio que no se trataba de una medida «incongruente» teniendo en cuenta el «riesgo de réplica en el aniversario de los atentados del 13 de noviembre». Durante el debate en la Comisión de Leyes, que duró más de cuatro horas, se barajó incluso la posibilidad de ampliar el estado de emergencia por otro año entero, pero fue descartada.

El grupo de LR hizo todo lo posible por incluir sus condiciones en el texto antes de que este llegara al debate parlamentario como exigencia para votar a favor, aunque como defienden desde hace meses, están a favor de condiciones más duras que incluyan la detención de los sospechosos hasta el final del proceso, así como la expulsión con carácter urgente de cualquier extranjero que tenga vínculos, «directos o indirectos», con un grupo terrorista.

Sarkozy y los suyos consideran que cualquiera de estos sospechosos debe ser encerrado o «detenido bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico» y apuestan por la creación de «centros de desrradicalización». Además, quieren que los prefectos de policía sean capaces de prohibir manifestaciones en la vía pública siempre que no se garanticen los medios para asegurar la seguridad, punto que hace referencia a la docena de concentraciones y manifestaciones que han tenido lugar en el marco de las protestas contra la reforma laboral.

La operación Centinela, que supone la movilización de 10.000 militares por todo el país, debía ser reducida hasta los 7.000 tras el fin de la Eurocopa, pero esto también será prolongado con un «reequilibrio» en provincias, según anunció este lunes Manuel Valls para que la seguridad no se concentre únicamente en París.