El Ayuntamiento de Madrid ha constituido una mesa de trabajo para «abordar la problemática» del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche y, «llegado el momento, proponer alternativas» a este sistema de reclusión previo a la deportación. En todo caso, correspondería al Ministerio del Interior aplicar dichas medidas de iniciativa municipal, ya que es el Gobierno central quien tiene las competencias sobre la materia.

Para la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, se trata de una «institución fracasada» porque «sólo el 17%» de quienes pasan por ella son finalmente expulsados del país. «Existe una clara vulneración de los derechos humanos de personas que son privadas de libertad sin haber cometido ningún delito, simplemente por una cuestión administrativa [no tener permiso de residencia]», subraya la regidora.

A diferencia de en Barcelona, al Ayuntamiento de Madrid no le consta que haya irregularidades en la licencia de funcionamiento del CIE de Aluche, en el distrito de Carabanchel, por lo que no se procederá a decretar su cierre.

Para Carmena, se trata de un recurso «absolutamente ineficaz y extraordinariamente penoso». En este sentido, la alcaldesa señala la necesidad de reflexionar para «buscar otras maneras» que garanticen los procesos de expulsión.

En la mesa de trabajo constituida por el Gobierno local están representantes de diversas áreas municipales, del Colegio de Abogados de Madrid y de varias organizaciones sociales. «El propósito es, antes de que acabe el año (…), encontrar soluciones eficaces y duraderas en tanto siga abierto», explican en el Palacio de Cibeles.