El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, el Parlament y entidades se han reunido este lunes en el consistorio de la capital catalana constituyendo un frente común y apostando por la unidad de acción para exigir el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, que reabrió hace dos semanas tras ocho meses de obras y pese a una orden de cese de actividad del Ayuntamiento por no reunir la licencia adecuada ni las condiciones de seguridad necesarias.

La alcaldesa, Ada Colau, ha destacado el amplio consenso contra los CIE, a los que ha descrito como agujeros negros de los Derechos Humanos, mientras que el conseller de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó, ha criticado la actuación del ministro del Interior, Jorge Fernández, del que ha dicho que “no se entiende que todavía desarrolle sus funciones, cuando ha habido un escándalo democrático debido a su hoja de servicios que acumula despropósitos”.

También han asistido a la reunión la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà; representantes de los grupos municipales de CiU, ERC, PSC y la CUP; el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), Oriol Rusca; y miembros de las entidades SOS Racisme, Tanquem el CIE y Migra Studium.

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona recluyó el pasado jueves al primer interno, justo una semana después de su polémica reapertura el mismo día que el consistorio barcelonés anunciaba su maniobra administrativa para impedirlo. El Ayuntamiento envió en dos ocasiones – el miércoles y el lunes – inspectores al CIE de la Zona Franca para verificar su uso y en ambos casos el ministerio de Interior dio instrucciones para que la policía del centro impidiera el acceso de los técnicos municipales. Aunque el teniente de alcalde Jaume Asens reconoció desde el primer día que el margen de maniobra local es escaso por la falta de competencias, amenazó con “mecanismos coercitivos” como multas o incluso precintar el CIE.

Autorización judicial y fecha de precinto

Tras participar en el encuentro de este lunes – convocado de urgencia por la alcaldesa, Ada Colau – , Asens ha anunciado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona estudian si pueden pedir responsabilidades penales al Ministerio por desobedecer la orden de cese y por no permitir el acceso a los inspectores municipales, además de seguir con la vía administrativa sancionadora. El motivo, según Asens, es lo “inédito” de la situación, ya que no hay precedentes de que una institución publica desatienda una orden formal y niegue la entrada a técnicos municipales. “La idea es que esta cumbre no quede en un gesto y tenga continuidad en el tiempo para engrandecer y reforzar la movilización ciudadana” de rechazo a los CIE y llevar al Congreso la demanda de un cambio en la ley de Extranjería que conlleve el cierre de estos centros, ha explicado Asens.

Según ha informado el consistorio a los asistentes, el viernes se cursó la solicitud de autorización judicial para inspeccionar el centro, que Asens estima que tardará menos de un mes. Una vez obtenida, el consistorio fijaría el día y la hora del precinto del CIE. Además, el teniente de alcalde ha propuesto a las entidades presentes en el encuentro que aprovechen esa fecha para dar visibilidad a la movilización contra los CIE que hay en Catalunya.

Interior replica a Colau que no tiene competencias

En un comunicado, el Gobierno ha replicado este lunes a Colau que el consistorio de Barcelona carece de competencias en materia de Extranjería o de Centros de Internamiento de Extranjeros. Además, el Gobierno destaca que ha firmado convenios de prestación y asistencia jurídica con algunos Colegios de Abogados – como el de Barcelona – , así como con la Cruz Roja, que es la institución encargada de la prestación de servicios de asistencia social a los internos de los CIE.

En su nota, el Gobierno recuerda que los CIE están regulados por la Ley Orgánica de Extranjería, como una medida cautelar excepcional para asegurar la ejecución de órdenes de expulsión adoptadas conforme al ordenamiento jurídico español y en aplicación de la “Directiva de retorno” de la Unión Europea. “La existencia y el funcionamiento de los CIE es, por tanto, una exigencia legal incuestionable del Derecho Comunitario y del ordenamiento jurídico español, sobre la cual ninguna administración pública tiene margen de decisión alguno”, sostiene el comunicado. Además, el ejecutivo recuerda en su nota que el ingreso en los CIE sólo puede producirse por orden judicial y que la estancia de extranjeros en este tipo de centros se produce “bajo estricta supervisión judicial”.