El pulso entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio del Interior a propósito de la reapertura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca no solo no se detiene, sino que sube en intensidad. El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, estudia emprender acciones legales penales contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por reabrir el CIE contra la prohibición del Ayuntamiento, que argumenta que no tiene licencia de actividad ni medidas de seguridad. El ejecutivo municipal también ha reiterado su idea de precintar el centro en cuanto tenga orden judicial para entrar y certificar que está en funcionamiento.

Mientras, la Delegación de Gobierno en Cataluña ha insistido hoy en un contundente comunicado en que el Ayuntamiento “carece de competencias en materia de Extranjería o de CIEs”. El gobierno recuerda que los CIE están regulados por la ley de Extranjería y previstos en la Ley “como medida cautelar excepcional para asegurar la ejecución de órdenes de expulsión […] adoptadas conforme a nuestro ordenamiento jurídico y en aplicación de la Directiva de retorno de la Unión Europea”. “Las existencia y funcionamiento de los CIE es una exigencia legal incuestionable […] sobre la cual ninguna Administración Pública tiene margen de decisión alguno”.

El anuncio de la idea de emprender medidas legales lo ha hecho el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, tras la inédita cumbre convocada por el Ayuntamiento que ha escenificado la oposición al CIE. En la reunión han participado instituciones, partidos y entidades. “Esta es una situación de menosprecio y provocación sin precedentes”, ha recordado, "si estudiamos la jurisprudencia es difícil encontrar un caso como este, donde una parte implicada es una institución. “Hay que ver si más allá de la desatención de una orden puede tener algún tipo de responsabilidad penal”, ha aclarado.

La cumbre ha congregado a la alcaldesa Ada Colau, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; el consejero de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó, representantes de CiU, PSC, ERC y la CUP, la Síndica de Barcelona, el Colegio de Abogados y entidades que llevan años reivindicando el cierre de estos centros.

Colau ha subrayado el “frente común sin precedentes” en una cuestión “que ha generado alarma” y contra la que hay “un gran consenso social, como es el rechazo a las políticas de migración y asilo, descritos como agujeros negros en materia de derechos humanos”. El consejero Mundó ha lamentado “la actuación del ministro de interiores, que acumula una hoja de servicios de despropósitos e ilegalidades de forma lamentable”. “Es un escándalo democrático”, ha manifestado antes de que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, recordara que hace un año la cámara instó al Gobierno español a cerrar el CIE por respeto a los derechos humanos.