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El escenario cambiante que envuelve todo lo relacionado con Internet y las redes sociales obligó a definir con mayor precisión los delitos de incitación al odio y a la violencia que recogía el Código Penal. De hecho, fue la reforma llevada a cabo en julio del 2010 (concretamente del artículo 510) la que facilitó a los fiscales una mayor base legal para perseguir estas ofensas, a la orden del día en cualquier plataforma digital que permite realizar comentarios libremente, tal y como ocurrió en la localidad de Cangas do Morrazo en los últimos días y que dio pie a la detención de tres personas, una de ellos un concejal, por incitar al odio con sus comentarios en Twitter y Facebook. En la Fiscalía de A Coruña, a través del área especializada en delitos del odio, mostraron el jueves una opinión clara sobre estos asuntos: «Hay que denunciar, en Internet se dice de todo».

La Fiscalía detalla que las dificultades son que a día de hoy Internet es inabarcable. «Todos los días en Twitter hay comentarios en los que cada persona comenta lo que tiene a bien. Muchas veces es necesario que alguien los denuncie para que tengamos constancia de que existen. Luego hay que filtrar su gravedad y las posibilidades de comenzar un proceso con garantías de que avancen», añaden.

Una cuestión que resulta crucial para el cuerpo de fiscales es que lo primero que resulta necesario definir es la diferencia entre libertad de expresión y delitos de odio, ya que sobre esto existe una gran influencia de la jurisprudencia de EE.UU., en donde el derecho a la libertad de expresión prima sobre cualquier otro. Aún así, en la Fiscalía de A Coruña especializada en este tipo de delitos aseguran que, en España, la tendencia de la reforma del Código Penal, que ha venido promovida de instancias de la Unión Europea, se pretende que defina que «no todo vale en la libertad de expresión, que tiene unos límites. Y que actualmente, con la facilidad de difusión que hay en cualquier red social, no puede hablarse a la ligera como se hacía antes».

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, cree en la presunción de inocencia del concejal de Mocidade y señaló que el edil cerró su cuenta de Twitter con los mensajes objetos de investigación hace seis meses. También indicó que los mensajes difundidos en Twitter son de los años 2013 y 2014 y hacían alusiones a letras del grupo Los chicos del maíz. En una de ellas se habla de una «bala de plata» para Esperanza Aguirre.

Sin embargo, el pasado 9 de junio en la cuenta de Facebook del concejal apareció este mensaje dirigido a las fuerzas de seguridad: «Non merecedes nada. Corpos e forzas de seguridade do Estado. Non merecedes nada. So noxo e repulsa da clase obreira. Vades caer. Vades sufrir. Remataredes de xeonllos pedindo perdón, mais con voso? Nin olvido nin perdón. Ao paredón».

El portavoz del PP, José Enrique Sotelo, pidió el jueves la dimisión de Andrés García Bastón como concejal de Mocidade de Cangas por los mensajes difundidos presuntamente por este en las redes sociales. Este viernes presentará la solicitud de forma oficial en el registro del Ayuntamiento. Sotelo lamenta que Cangas vuelva a dar la imagen que dio en los años ochenta, cuando había algunas personas que pedían la muerte de los guardias civiles en mítines de Herri Batasuna. No obstante, matizó que «conmigo siempre ha mantenido una actitud correcta, pero hay una responsabilidad política». Y recordó que un edil del PP de Moraña tuvo que dimitir por mensajes ofensivos a la presidenta de la Diputación.

Por su parte el portavoz de Cangas Decide, José Luis Gestido, se manifestó a favor de que el concejal sea apartado provisionalmente del cargo. Gestido ha solicitado la comparecencia del alcalde.

El representante del PSOE, el abogado Alfredo Iglesias, mostró más cautela y no se pronunciará hasta que el caso se sustancie, o no, en un procedimiento judicial formal. Iglesias recordó que recientemente presentó una moción contra la ley mordaza y «hubo risitas sardónicas por parte de algún miembro del equipo de gobierno».

La misma línea de prudencia mostró el jueves la teniente de alcalde, la nacionalista Mercedes Giráldez, que espera que la Justicia se pronuncie, aunque considera «desproporcionado o despliegue e a detención».