Así, la sala rechaza imputar a Rajoy los delitos de lesa humanidad, contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, contra la integridad moral y delitos cometidos por funcionario público contra las garantías constitucionales, como reclamaba IU por haber refrendado el texto.

El Acuerdo del 18 de marzo recoge la necesidad de “evitar la entrada de inmigrantes ilegales” y es ahí donde IU – UP consideraba que la UE trataba de esconder su “propósito criminal”. En realidad, se trata de refugiados, personas que huyen de la guerra, que sin embargo son tratados como otros migrantes para privarles de su derecho de asilo.

“Este acuerdo supone un enmascaramiento de las intenciones reales de los gobiernos de los Estados miembros de la UE, que no son otras que impedir por la fuerza que los refugiados lleguen hasta la UE, ignorando deliberadamente, de paso, las violaciones de derechos humanos de las autoridades turcas en todos los ámbitos y, especialmente, con los refugiados”, recogía el texto de la querella.

El Supremo no comparte los argumentos de IU, y destaca que “resulta evidente que el acuerdo entre los miembros del Consejo Europeo y Turquía no puede entenderse como un hecho delictivo”. El auto añade que ese pacto puede considerarse como el desarrollo institucional de “los principios de solidaridad y reparto equitativo en una crisis de inmigración masiva”.

Tampoco hay, considera el tribunal, ninguna circunstancia en el acuerdo que menoscabe la integridad de los refugiados ni que “suponga un trato degradante”. Únicamente se les reubica en territorios en los que puedan disfrutar de aquellos derechos fundamentales y políticos" que el el conflicto armado les ha impedido desarrollar en sus país de origen, y siempre “respetando su condición de personas”.