Una llamada del FBI en febrero de
2014 fue el pistoletazo de salida de
la operación Luna. Los agentes norteamericanos
alertaron de un individuo
que había compartido imágenes
de pornografía infantil y que
los datos le situaban en España.
Mas de dos años y cuatro meses
después, los agentes de la Unidad
de Investigación Tecnológica han
logrado desmantelar una red pedófila
de corrupción y prostitución de
menores que los captaba, abusaba
de ellos, los grababa y lo difundía.
Durante la actuación han sido detenidos
en España cinco implicados
en esta trama, de los que tres destacan
sobre los demás. No sólo porque
han compartido «orgías con menores
a los que reclutaban a través
de redes sociales», sino por su muy
alto estatus socioeconómico. En concreto,
uno de ellos es un ex alto directivo
de una compañía telefónica;
otro, un ingeniero de primer nivel de
una de las constructoras más importantes
de España; y el tercero, un
inspector jefe de la Policía Nacional.
Los menores que han sufrido los
abusos de los detenidos apenas
contaban con recursos económicos
y eran de procedencia extranjera.
De las «retribuciones por sus servicios
» se encargaba el que fue directivo
telefónico. Muchos de los pagos,
teléfonos móviles de última generación
obtenidos por el detenido
en su antigua compañía, además de
cantidades económicas variables.
Organizaban largas jornadas de sexo
con menores en los que participaban
varios de los detenidos. Para
ello utilizaban un piso en Madrid y
viviendas de los implicados.
Según fuentes de la Policía, tras
recibir la información del FBI, los
especialistas en delitos tecnológicos
lograron ubicar a un primer
sospechoso en Alicante. Se trataba
de P. J. C. Se registró su vivienda y
se localizaron grandes cantidades
de archivos digitales. Inmediatamente,
los agentes le detuvieron.
Pero el análisis del material intervenido
levantó las sospechas de los
agentes al entender que estaban detrás
de algo más grande, que no era
solo un consumidor de pornografía
infantil más, por lo que analizaron
sus conversaciones a través de las
redes sociales y descubrieron que
contactaba con menores haciéndose
pasar por menor.
Este barrido permitió localizar
otros tres teléfonos sospechosos.
Dos de ellos eran usados por una
misma persona. A esos números, el
detenido había enviado archivos pedófilos.
El usuario de las dos líneas
de móvil fue identificado como
M.M.V. y detenido en Madrid.
El usuario del tercer número sospechoso
fue localizado en Alicante.
Se trataba un inspector jefe de la
Policía Nacional. También fue detenido.
De nuevo, los agentes localizaron
grandes cantidades de archivos
con imágenes de abusos de todo
tipo a menores. La revisión del
material intervenido permitió a los
especialistas detectar vídeos de
pornografía infantil de «producción
propia». Un salto cualitativo en la
operación Luna, ya que ese dato
significaba que había menores sometidos
a abusos en España.
Según fuentes de la investigación,
existen varios vídeos en los que aparecen
dos varones manteniendo relaciones
sexuales con un menor de
edad. En otro vídeo hay tres varones:
un adulto y dos menores de
edad. Además, se localizaron numerosas
conversaciones entre el primer
detenido y los menores.
Los agentes localizaron otra vivienda
de P. J. C. en Paracuellos del
Jarama (Madrid). El nuevo material
intervenido permitió acusarle de delitos
relativos a la prostitución y a la
corrupción de menores.
Los agentes lograron identificar
una de las estancias del domicilio de
este detenido como el escenario en el
que grababa sus encuentros con los
menores. Además, tanto su declaración
como la de sus víctimas constataron
la «notable peligrosidad» del
abusador. Tenía «conductas obsesivas,
posesivas y manipuladoras». Los
agentes consideran que existía «un
importante riesgo» para los menores
de su entorno más cercano.
Y de nuevo, una pista llevó a otra.
Del material intervenido y de las declaraciones
de los niños, se constató
otro de los engranajes de la trama:
Luis, que había acompañado a P.J.C.
en sus encuentros con menores.
No existían datos para localizarle.
Fue muy complicado. Una de las víctimas
habló de que el «tal Luis» había
tenido un accidente leve en Madrid
contra un punto de venta de la
ONCE. Esa fue la clave para su localización.
Se le identificó como G. O.,
domiciliado en la localidad madrileña
de Villaviciosa de Odón. G. O., ex
alto directivo de una compañía telefónica,
también aparecía en los vídeos.
Se le siguió. Se le intervino el
teléfono. Los agentes localizaron indicios
que le implicaban en delitos
de prostitución de menores. El implicado
había desviado una parte importante
de la nómina a una tarjeta
de crédito para disponer de liquidez
económica sin control de su esposa.
Además, accedía a chats encriptados
frecuentados por menores.
Se registró su vivienda y se le
detuvo. En la casa tenía abundante
material de pornografía infantil,
aunque periódicamente borraba
los archivos pedófilos y utilizaba
identidades ficticias.
Se obtuvieron entonces nuevos
datos sobre otro domicilio en Madrid,
donde también se abusaba de
menores, propiedad de un tal Roberto.
G. O. y Roberto habían utilizado
esa vivienda para abusar sexualmente
de «varios menores» y
grabar y difundir los encuentros.
Los agentes identificaron a Roberto
como R.J.P., de profesión ingeniero
y que estaba trabajando en Emiratos
Árabes para una de las constructoras
más importantes de España.
Tras identificar a las víctimas de este
último agresor, los agentes procedieron
a detenerle. En su casa de
Madrid también localizaron abundantes
grabaciones. Además, comprobaron
cómo en su casa también
se realizaron encuentros con menores
que fueron filmados.
Los menores captados pertenecían
a grupos de poblaciónde nivel
económico bajo, de origen extranjero,
a los que pagaban con móviles de
última generación y en efectivo.