La juez de Instrucción número 21 de Madrid ha negado medidas de protección para dos menores marroquíes con documentación original autentificada por su consulado que acredita su fecha de nacimiento, porque la Fiscalía decretó hace meses, cuando los chicos carecían de papeles y en base a unas pruebas médicas de determinación de la edad, que eran adultos.

Se han quedado en la calle y ni el juzgado ni la Policía han informado al fiscal de que existe documentación nueva que avalaría un cambio en su criterio. Así lo ha explicado a Europa Press la presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, para denunciar «lo injusto» de un sistema en que «la palabra del fiscal» y unas pruebas médicas que tienen un margen de error superior a dos años y cuya validez ha sido cuestionada, entre otros, por el Defensor del Pueblo, se imponen «por encima del interés superior del menor» cuando se trata de niños extranjeros que están solos en España.

El más joven de los dos menores acredita tener 16 años y llegó solo hasta Barcelona hace cuatro meses. La Policía le encontró en la calle y le puso a disposición de la Fiscalía, que, tras someterle a pruebas médicas de determinación de la edad, decretó que era un adulto. El otro adolescente, que ha acreditado tener 17 años, llegó a Madrid solo hace dos meses y, tras pasar por el centro de menores de Hortaleza y por las pruebas médicas de determinación de la edad, se quedó igualmente en la calle con un decreto del fiscal que decía que era un adulto.