La guerra entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Barcelona a cuenta del centro de internamiento para extranjeros (CIE) de la Zona Franca continúa. La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, no solo ha defendido este viernes la reapertura de la instalación sino que ha recordado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que puede tener la política de discursos que crea convenientes y decir todo lo que quiera pero, aún así, no le compete al consistorio decidir cómo se gestiona la política de inmigración y la expulsión de extranjeros en situación irregular.

Por eso, ha pedido al Ayuntamiento que a la hora de cumplir sus competencias en materia de apertura y mantenimiento de instalaciones "respete la normativa sobre la gestión de los flujos migratorios. Asimismo, ha recordado a Colau que no ha sido el Gobierno del PP el que ha inventado el modelo de gestión en los CIE, y que este es acorde al derecho comunitario.

La invectiva ha tenido respuesta por una de las vías de comunicación preferidas por Colau: Twitter. La alcaldesa ha tuiteado un mensaje desafiante, empleando las mismas palabras que la vicepresidenta: “Moncloa puede decir lo que quiera, pero tenemos competencias en licencias y en derechos humanos, y las ejerceremos”.

Dentro de su reprimenda al consistorio barcelonés, la vicepresidenta ha subrayado que la privación de libertad de los extranjeros es una medida excepcional y que depende siempre de que así lo dictamine un juez competente “de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y siempre con un mínimo imprescindible” y con la supervisión del ministerio fiscal.

Por ello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha aseverado que mientras la legislación española no se cambie, el Estado tiene la obligación de llevar a cabo la expulsión de ciudadanos en situación irregular, y para eso existen los CIE.

En realidad, el verdadero rival de Colau en este asunto es el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El jueves, que empezó con el anuncio de clausura del centro por parte del ayuntamiento y acabó con el anuncio de reapertura por parte de la Delegación del Gobierno, el ministro optó por el silencio, lo que se entendió como una actitud deliberada para ningunear al adversario.

Fernández Díaz sí ha hablado del conflicto este viernes. “La ley española es para todos igual y legitima la existencia de esos centros”, ha declarado a los periodistas, informa EFE. El ministro ha subrayado que la reapertura responde al final de las obras de reforma y ha defendido que en los CIE se respetan los derechos humanos: “Hablar de derechos humanos es ofender al derecho español. La regulación de los CIE es de las más garantistas de Europa”.

El siguiente episodio del enfrentamiento institucional llegará cuando haya internos de nuevo en el CIE de la Zona Franca, lo que se prevé para la próxima semana. Cuando eso pase, el consistorio, según ha anunciado, enviará inspectores al CIE, al que amenaza con precintar.