El Gobierno y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se enzarzaron ayer por la reapertura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la ciudad.

El Ayuntamiento arrancó el día anunciando que había dado con una argucia legal para impedir que el equipamiento en el que se retiene a los extranjeros sin papeles antes de ser expulsados del país volviera a abrir sus puertas, tras haberse cerrado el pasado mes de noviembre para realizar obras de mejora por orden de un juez.

El Consistorio ordenó la clausura del centro alegando que, tras una inspección para supervisar las obras, había descubierto que estaba operando sin la licencia municipal que cualquier equipamiento de la ciudad necesita y que, además, presentaba evidentes carencias en materia de prevención de incendios. Pero, lejos de acatar, el Ministerio del Interior reaccionó reabriendo la instalación. Ayer mismo, el Gobierno empezó a destinar efectivos policiales como paso previo al traslado de inmigrantes.

El Gobierno entiende que la treta administrativa empleada por Colau carece de fundamento, porque considera que el CIE no necesita de una licencia emitida por el Ayuntamiento para desarrollar su actividad. Actualmente, cuenta con un permiso de comisaría. Los servicios jurídicos del Estado recurrirán judicialmente la orden de cese de actividad emitida por Colau mientras Interior prosigue con el proceso de reapertura del equipamiento.

La réplica del Gobierno de Barcelona no se hizo esperar. El concejal Jaume Asens, impulsor de la batalla contra el CIE y otrora abogado defensor de inmigrantes irregulares, consideró un «menosprecio» a la autoridad del Consistorio la reapertura del centro de retención de extranjeros y anunció que responderán con medidas «coercitivas» si el equipamiento vuelve a operar con normalidad pese a no contar con una licencia municipal. Estas medidas coercitivas pueden pasar por multas o incluso por el precinto del CIE, según los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Asens sostuvo que, si esta última opción fuera la escogida para responder al Ministerio del Interior, el Ayuntamiento reclamaría una orden judicial para hacerla efectiva y evitar una colisión competencial entre la policía local de Barcelona y las fuerzas del orden estatales.

En 2015, por el CIE de Barcelona pasaron 738 internos, de los que 437 contaban con antecedentes penales. La estancia media antes de ser expulsados fue de 25 días.