Cuando los concejales del Ayuntamiento de Valencia salieron el pasado mes de mayo de visitar el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de la calle Zapadores se les notaba en la cara que estaban impresionados. Ahora, espoleados por la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de denegar la licencia de reapertura al CIE de la Zona Franca tras las reformas emprendidas en el centro, el Ayuntamiento quiere seguir los pasos de su homóloga en la Ciudad Condal y ya busca maneras para cerrar las instalaciones.

El Consistorio enviará, en próximas fechas, a los inspectores municipales a las instalaciones que gestiona el Ministerio del Interior en la calle Zapadores. Tras una primera visita en noviembre de 2015, los agentes de la Policía Nacional impidieron a los inspectores acceder a las instalaciones, lo que motivó una airada respuesta del alcalde de Valencia, Joan Ribó, que llegó incluso a plantearse llegar hasta los tribunales si los agentes impedían al Consistorio inspeccionar el edificio en el marco de las competencias municipales en materia de sanidad u obras, entre otros aspectos.

Ahora, el concejal de Cooperación al Desarrollo, Roberto Jaramillo, reconoce que una de las posibles líneas de actuación que están estudiando desde el Consistorio para avanzar en el cierre del CIE es, precisamente, denegar licencias, como ha hecho Colau en Barcelona (aunque el Ministerio del Interior anunció ayer la reapertura del centro de la Zona Franca). «Quiero pensar que lo conseguiremos antes del final del mandato», indicó Jaramillo, que destacó que más allá del trabajo que haga el Consistorio «el Gobierno del Estado tiene mucho que decir al respecto». Jaramillo asegura que, si en la próxima visita de los inspectores la Policía Nacional les impide el paso, no descartan llevar el caso hasta los tribunales para conseguir que el centro de Zapadores cierre sus puertas.

Cabe recordar que Valencia se ha declarado como ciudad libre de centros de internamiento de extranjeros. Jaramillo ha empleado en varias ocasiones los argumentos de un informe emitido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que «suspende al Estado español, lamentando que España no cumpla con las obligaciones del Pacto Internacional».

Dicho informe, según ha explicado el concejal de Cooperación al Desarrollo, denuncia la «práctica persistente de controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos, las condiciones que presentan los Centros de Internamiento de Extranjeros en todo el Estado y el uso recurrente de la privación de libertad a inmigrantes en situación irregular».