donostia – Juan Hernández Zubizarreta, profesor titular de la UPV/EHU e investigador de Hegoa, el Observatorio de Multinacionales en América Latina, critica la “arquitectura de la impunidad”, una de las causas de la crisis de refugiados. Se trata de una realidad política que favorece a las empresas y blinda sus derechos por encima de los de las personas, que muchas veces son explotados o que deben huir de sus hogares expulsados por las transnacionales. Asimismo, explica el papel jugado por los gobiernos en el actual dilema humanitario, con el que la sociedad está más sensibilizada que las propias instituciones.

¿Cuáles son las causas de esta situación?

- Estas personas no quieren venir, pero sus casas ya no existen y no se les deja entrar en la Unión Europea. Sufren un triángulo diabólico cuyo telón de fondo, y una de las causas, es el sistema capitalista actual. Un sistema que se sostiene en la arquitectura de la impunidad.

¿En qué consiste esta arquitectura?

- Hay medidas políticas de instituciones financieras que protegen y blindan muy bien los derechos del capital y de las grandes corporaciones, que son exigibles y justiciables, mediante los acuerdos de comercio de inversiones, los tribunales de arbitraje, o la Troika. Pero por otro lado, los derechos de los refugiados no están protegidos por nadie, tienen poca exigibilidad y mínima justiciabilidad. Por eso, la protección jurídica de los refugiados es prácticamente inexistente, es un laberinto administrativo que nunca les lleva a ningún lugar.

¿Este entramado da carta blanca a las grandes empresas?

- Los estados de origen no las controlan. Por ejemplo, el Estado Español no controla si las transnacionales españolas vulneran derechos humanos, sino que dan por hecho que todos lo hacen bien. Y esto provoca que los países receptores, como México, preparan la arquitectura jurídica para que aterricen las transnacionales. De esa combinación se producen grandes vulneraciones en los derechos de la gente y una tremenda asimetría de esta arquitectura de la impunidad. No solo provoca la explotación, sino que también provocan expulsiones de la gente de sus tierras por la llegada de los grandes proyectos. Y se les deja morir, como en África, porque están lejos. Pero además, el sistema capitalista necesita violencia estructural para evitar las protestas y criminalizar a la población.

¿Cómo se ha trasladado esta situación a la actual crisis de refugiados?

- Los gobiernos no hablan de las causas de las guerras ni las evalúan. No hablan de Libia, ni de Irak, ni de Afganistán. De por qué hubo intervenciones y por qué la gente se escapa de estos lugares, porque no les conviene. Son guerras que tienen una parte geoestratética de dominio y otra económica: recursos naturales e industria militar. Y en Siria hay un dictador que tiene apoyos de la Unión Europea porque las transnacionales están viviendo de sus recursos energéticos. Es una mezcla compleja de causalidades, derivada de una política exterior zombie, donde nuestros gobernantes no se aclaran y no dan explicaciones.

El último movimiento ha sido el convenio entre la Unión Europea y Turquía. ¿A qué obedece?

- No queremos tener las fronteras cerca porque desgasta a la Unión Europea, entonces se sacan. Se les quiere llevar a Turquía y alejar porque el gran drama que hay en estos momentos es que millones de europeos estamos viajando de vacaciones. Pensamos en nuestros viajes, y después en estas personas sirias que han pagado muchísimo dinero a mafias y no les estamos acogiendo, sino expulsando. Es una contradicción social que la UE tapa desplazando la frontera. Ahora hay una gran zona de confort de los que somos todavía protectorado de los ricos y otra zona que queda fuera del confort, que son los de la frontera.

La sociedad civil está yendo por delante de las instituciones en materia de solidaridad. ¿Será suficiente esta presión?

- No nos vamos a callar, porque la sociedad civil tenemos una compasión socrática y nos preocupa lo que le pasa a este y al otro. Y esa compasión va unida con la denuncia. Nos confrontamos políticamente para que apliquen el derecho internacional (la Convención de Refugio, el Protocolo de Nueva York, la Carta Europea, la Convención), aunque cumplan luego las reglas de comercio. A largo plazo, también queremos que haya un cambio de rumbo, no queremos armas ni industria militar, queremos otra política exterior y otra política comercial.

Gipuzkoa es uno de los territorios que más refugiados ha acogido, una veintena hasta el momento. ¿Se están haciendo las cosas bien?

- Sí, pero nosotros les pedimos más. Queremos que exijan un cambio radical de políticas y aumentar el número de pueblos y ciudades vascas dentro de la red de acogida. Que las banderas de Ongi etorri errefuxiatuak se extiendan en las casas de la gente y en las instituciones, colocando los intereses de esta gente por encima de los problemas.