Lo que antes eran mantas con un sistema de cierre rápido para salir huyendo de la policía, ahora son casi escaparates. Millones de artículos se exhiben perfectamente ordenados y dispuestos sobre enormes telas que cubren buena parte del Moll de la Barceloneta. El top manta crece a diario y ha puesto en alerta al comercio en pleno de Barcelona y a los vecinos del barrio marinero, que hoy han exigido – de la mano –  que el ayuntamiento erradique los más de 800 vendedores que operan sin autorización. Preparan inminentes movilizaciones “contundentes”, después de la infructurosa reunión mantenida en la tarde de este miércoles con el ayuntamiento.

abordaje social para afrontar un fenómeno que inicialmente afectaba a unos pocos cientos de inmigrantes africanos sin recursos ni papeles. Pero el plan integral municipal que se presentará el jueves y que por la tarde han conocido las entidades de comerciantes no ha convencido al sector. “Las medidas policiales son insuficientes”, han señalado tras la reunión, durante la cual el consistorio les ha dicho que no va a actuar en la zona porque no tiene efectivos y optará por otras medidas. “No pedimos represión sino presencia policial para evitar que se instalen”, destaca un portavoz.

Y es que el mercado que ahora se dibuja es mucho más poliédrico. Según el centenar de entidades que suscriben el manifiesto presentado hoy y que ayer avanzó EL PERIÓDICO, con la venta para la supervivencia también confluyen redes organizadas y muchos vendedores de la zona, como es el caso de comerciantes paquistanís que, viendo que el negocio no está en el interior de la Barceloneta, han llevado su mercancía hasta la manta. Lo mismo han hecho algunos artesanos que eventualmente contratan puestos (con autorización municipal y tasas) en ferias en la zona, y que ahora han apostado por una vía de negocio más asequible.

Y es que la tolerancia policial es total en la zona, que forma parte de los terrenos portuarios pero donde la Guardia Urbana, por convenio, también tiene juridiscción. Dos patrullas de los Mossos a un lado y otra unidad más una de la Guardia Urbana custodiaban esta mañana el Moll del Dipòsit (el tramo que queda justo ante los restaurantes del Palau de Mar, tras no pocas quejas de los restauradores), pero unos metros más allá, el Moll de la Barceloneta (el amplio tramo del paseo de Sant Joan que da a la lujosa Marina Port Vell) era territorio libre para cualquiera que se instale sobre la vía pública. Sea para ofrecer productos o servicios: desde bolsos falsificados a trenzas o en algunos momentos, mojitos.

Entre las mantas circulan bicis, taxis a pedales y toda suerte de vehículos turísticos autorizados a ir por la acera. Para los residentes y comerciantes tradicionales es la estocada final para una zona colapsada en verano por la confluencia de turistas y barceloneses rumbo a la playa. Por eso se han sumado a la causa de los comerciantes. La presidenta de la asociación de vecinos de la Barceloneta, Maria José López Samper, lamenta que esta invasión de sus saturados espacios públicos haya lastrado los planes previstos para este verano, que pasaban por incorporar un carril de bici, fomentar el uso cívico del paseo y la actividad para sus vecinos.

Como el resto de representantes de las entidades firmantes (desde la Fundació Barcelona Comerç a Barcelona Oberta, pasando por Pimec Comerç, la Associació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta, el Gremi de Restauració de Barcelona, Comertia, Maremagnum, Amics de la Rambla, Barna Centre, el Museu d’Historia de Catalunya, el Gremi d’Hotels… y numerosos representantes del barrio), asume el aspecto social del fenómeno, pero pide que se preserven los derechos de comerciantes y residentes. “Muchos ya no son vendedores en situación vulnerable”, opina.

Aducen que la facturación ha caído un 15% para los restaurantes, sobre un 35% para las tiendas del interior del barrio que despachan complementos y hasta un 50% para las de suvenires. En el manifiesto apuntan a la economía sumergida, la evasión de tasas que sí pagan los comerciantes y residentes, el fraude fiscal y a la seguridad social, la comercialización de bienes ilegales (falsificaciones) y el “impacto negativo en la supervivencia” de los pequeños negocios.

En el manifiesto, el colectivo unido acusa de “falta de voluntad y buenismo ingenuo” al ayuntamiento, al pretender formar y dar empleo a los vendedores sin permiso. La actual cifra de manteros lo convierte en imposible, aducen. Y también aluden a la imagen de seguridad y degradación de la ciudad. Gabriel Jené, miembro de la comisión y presidente de Barcelona Oberta (que aúna a los ejes comerciales turísticos del centro), reivindica una actuación inmediata a las administraciones implicadas para que Barcelona deje de ser “el paraíso del ’top manta”. Cansados de reuniones con el ayuntamiento, la fiscalía y la Delegación del Gobierno, planean movilizaciones “pacíficas” en la calle.