La progresiva desaparición de la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI), que empieza este viernes con el cierre del acceso a nuevos solicitantes, repercutirá en la demanda que atienden las entidades sociales del territorio. Así lo advierte Cáritas Gipuzkoa, que se prepara para recibir más peticiones por parte de las personas sin recursos que ya no podrán recurrir a la ayuda que financia la Diputación. Será un proceso similar a lo que ya vivieron hace cuatro años en Bizkaia y Álava cuando el Parlamento Vasco endureció los requisitos para la RGI y miles de personas que iban a cobrarla ese año se quedaron sin subsidio. «Hay personas que ya están aquí, en Gipuzkoa, que tenían previsión de cobrar la AGI y que se van a quedar fuera. Esas personas no van a poder acceder al sistema de protección social hasta que no lleven tres años de empadronamiento. El cierre de la AGI va a tener una incidencia en Cáritas y en nuestro trabajo», asegura José Emilio Lafuente, director general de la organización diocesana en Gipuzkoa.

LA CIFRA
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de la Ayuda de Garantía de Ingresos al mes ha contabilizado la Diputación durante este año. A partir del viernes, esos potenciales perceptores ya no podrán acogerse a la prestación, por lo que se espera que su demanda repercuta en las entidades sociales, advierte Cáritas.

El territorio se enfrenta a esta situación con cuatro años de retraso respecto a Bizkaia y Álava. Para encontrar la explicación a lo que está ocurriendo hay que remontarse a 2012. Ese año, el Gobierno Vasco del PSE sacó adelante una reforma de la RGI con los votos a favor del PP, la abstención del PNV y el rechazo de Aralar, EA y EB. Desde entonces, para acceder a esta paga mensual de casi 700 euros al mes para personas sin recursos económicos hay que acreditar tres años de empadronamiento en Euskadi, en vez del año que se pedía hasta entonces (o cinco años de cotización a la Seguridad Social). Este recorte fue compensado en Gipuzkoa, entonces gobernada por Bildu, el único territorio que le plantó cara y quiso cubrir ese hueco con la creación de una ayuda social, la AGI.

Las diputaciones de Bizkaia y Álava no siguieron el mismo camino y la reforma dejó a 3.400 personas sin ayudas públicas, según los cálculos que realizaron entonces desde la organización social de la Iglesia. Todos aspiraban a cobrar la RGI, pero «se quedaron sin nada, salvo lo que ofrecemos nosotros», relataron desde Cáritas.

«Hay personas que ya están en Gipuzkoa, que pensaban cobrar la ayuda y se van a quedar fuera»

3.400 personas se vieron afectadas hace cuatro años por los recortes introducidos en la RGI
La delegación guipuzcoana de la ONG está haciendo un recuento parroquia a parroquia para calcular a cuántas personas afectará ahora la eliminación de la AGI. En lo que va de año, la Diputación ha contabilizado una media de 60 altas al mes en el sistema. A partir del viernes, esos potenciales perceptores ya no podrán acceder a la prestación, por lo que se espera que esa cifra repercuta en la demanda que reciben las entidades sociales, como advierte Cáritas, que atendió el año pasado a 27.429 personas en Gipuzkoa. En concepto de ayudas económicas directas, repartieron 2,8, frente a los 2,7 millones de un año antes.

El anuncio a finales de abril del final de la ayuda no ha provocado una demanda de última hora se pide un año mínimo de empadronamiento y se extinguirá con 1.400 titulares, la gran mayoría inmigrantes . Este grupo seguirá cobrando la prestación hasta que pueda incorporarse al sistema de RGI, una vez acrediten tres años de empadronamiento. La Diputación ha abierto un plazo extraordinario para las familias con menores a su cargo, que acrediten un año de padrón a finales de año. La desaparición de la ayuda será definitiva, por lo tanto, el 31 de diciembre de 2018.

La reducción de la partida presupuestaria será también gradual. En mayo, la AGI supuso un desembolso de un millón de euros (1.001.065,41 euros exactamente), la misma cantidad prevista para este mes de junio. A partir de julio, la partida empezará a desinflarse. El presupuesto calculado para todo el ejercicio apenas variará y rondará los 11,3 millones. La Diputación calcula que a finales de año la cifra de titulares seguirá por encima de las 1.100 personas, lo que significa que la bolsa de perceptores se habrá reducido en 300, a un ritmo de cincuenta al mes.

«Un retroceso»

La ONG de la Iglesia ha criticado abiertamente la eliminación de la AGI. En un comunicado remitido a finales de abril, tras conocerse la reforma, mostró su desacuerdo con la decisión de la Diputación. «Aunque la AGI podía necesitar una revisión de planteamientos, metodologías y personas destinatarias», no significa que tenga que desaparecer sino ser mejorada, especialmente para reforzar la inclusión social de los beneficiarios, opinaron entonces.

«Todo lo que sea establecer recortes al sistema es un retroceso. Tiene que reforzarse, porque creemos firmemente en él. Es una herramienta muy válida y útil para garantizar la cohesión social y evitar desigualdades», no se cansa de repetir José Emilio Lafuente. De hecho, Cáritas ha solicitado de forma insistente y que se eliminen los recortes introducidos en la RGI, que han sido el prólogo de este capítulo de la política social.