La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Nafarroa han celebrado su última sesión ordinaria antes de las vacaciones de verano y en ella han aprobado una declaración institucional de apoyo a los refugiados y una proposición contra la discriminación por razones de orientación sexual.

También ha sido admitida a trámite una proposición de ley de UPN que pretende el abono de la extra que los funcionarios dejaron de cobrar en 2012.

Por su parte, la declaración de apoyo a los refugiados era una iniciativa de Podemos y ha contado con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, PSN e IU, mientras que UPN y PP han optado por la abstención al no aceptar «las políticas criminales de la UE» a las que aludía el texto en una expresión que Podemos se ha negado a cambiar «porque no estamos para eufemismos», ha dicho Laura Pérez.

La declaración muestra el apoyo del Parlamento a la caravana que el próximo 15 de julio saldrá de Iruñea destino Grecia para denunciar allí las políticas de migración europeas y mostrar la solidaridad hacia las personas bloqueadas y al pueblo griego, un ejemplo a pesar de las medias de austeridad que sufre.

Se ha admitido a trámite además una proposición de ley presentada por el PSN en defensa de la igualdad social, los derechos de la ciudadanía y la no discriminación por motivos de orientación sexual, para lo que María Chivite ha abogado por «reconocer la diversidad».

Los socialistas reconocen que los colectivos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales han alcanzado en los últimos años un reconocimiento social y político que antes se les había negado, «pero todavía siguen muy lejos de la plena normalización» y de ahí que con esta ley se busque «la construcción de nuevas referencias de relación basadas en la igualdad y el respeto».

Los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces han conocido además un informe de los servicios jurídicos del Parlamento solicitado por Podemos en relación con los plazos que tarda el Tribunal Constitucional en resolver algunos recursos.

Al respecto, Laura Pérez ha señalado que su partido quería instar al Constitucional «el cumplimiento de su propia ley orgánica», donde se marca un plazo de cinco meses, ya que ha habido leyes navarras de contenido social suspendidas «durante cinco años» y este tiempo «no resulta razonable».

Por ello, Podemos pretendía que la Cámara adoptara alguna iniciativa, convencidos de que «el Parlamento debería tener competencias» para ello, pero los servicios jurídicos han entendido que únicamente se puede plantear una modificación normativa y esta debería impulsar el Congreso mediante una proposición o el Gobierno español con un proyecto.

En relación con la extra de los funcionarios suspendida en 2012, UPN busca con su iniciativa el pago de la parte aún no abonada por el Gobierno y al respecto, en la proposición recuerda que ya en mayo el Parlamento aprobó una moción en la que establecía que los empleados públicos navarros cobrarían esta parte antes del 1 de julio, igual que el resto de trabajadores de las administraciones.

Al respecto los regionalistas sostiene que es «inadmisible» que los empleados públicos navarros estén «en peor condición que el resto, algo que nunca ha ocurrido» y que ahora sucede por el «incumplimiento» por parte del Ejecutivo de esa moción.

Y para corregir esta situación, la proposición de ley de UPN determina que «el Gobierno de Navarra abonará la parte pendiente de la paga extra suprimida a los trabajadores públicos correspondiente al año 2012 en los cinco primeros días del mes de enero de 2017».

Asimismo, los órganos del Parlamento han admitido a trámite una comparecencia del consejero de Desarrollo Económico para tratar sobre la corporación Aditech, una moción que insta al Gobierno español a desclasificar todos los documentos sobre los sucesos de Montejurra en 1976, y varias preguntas, entre ellas una sobre el tiempo en el que las familias tendrán derecho a la renta de inclusión social.