«Queremos tener un alquiler social,
claro, nosotros queremos pagar. Estamos
esperando la respuesta de la
plataforma». M. se asoma al rellano
del piso con incertidumbre y curiosidad.
Junto a su familia, todos de origen
marroquí, vive en un piso okupado
desde hace más de dos años en
el bloque de viviendas del número 26
de la calle Francisco Largo Caballero
(Alcobendas), donde ya no queda
casi ninguno de los primeros inquilinos,
que pagaban alquiler.
La empresa propietaria, Viviendas
Acogidas SA, entró en quiebra al poco
de construirse los pisos y ahora
está en proceso de liquidación. Lentamente,
desde agosto de 2013, fueron
entrando familias marroquíes y
gitanas a colonizar los 64 pisos. Algunas
compraron el derecho al acceso
a las casas a mafias que les exigían
unos 1.000 euros por ellas. No
pagan ni alquiler, ni la luz, ni agua.
La tienen enganchada en su mayoría.
Muchos buzones escupen las
cartas acumuladas de los primeros
vecinos que se fueron yendo ante los
ruidos, la suciedad y la inseguridad.
La basura, latas y desperdicios, se
acumulan aquí y allí. En lzonas comunes.
En la entrada al garaje. «Está
terminantemente prohibido dejar
la basura fuera, por favor tirarla en el
contenedor», reza un cartel colocado
en un portal. La convivencia con el
resto de vecinos de este desarrollo
urbanístico de Alcobendas, Valdelasfuentes,
no ha sido buena, sobre todo
al principio. Hubo denuncias por
robos, y los residentes de otros bloques
pasaban con cierto temor por el
desarrollo. Lo siguen haciendo.
Según fuentes municipales, sin
embargo, no «ha habido ningún incremento
de quejas» con respecto a
hace dos años. Desde el Consistorio
de Alcobendas aseguran que «no
pueden hacer nada», ya que están
okupando una propiedad privada,
no municipal. Aun así, una portavoz
municipal explica que se han reunido
con los vecinos de la zona varias
veces para tranquilizares.
Tras la entrada de los okupas, cada
hora, durante 15 minutos, una patrulla
de la Policía Local de Alcobendas
pasa frente a la urbanización.
Fuentes municipales aseguran que
están en contacto con la Fundación
Toda Ayuda, que lleva tiempo preocupándose
por estas familias.
Según asegura Antonio Jimeno,
presidente de la fundación, se pusieron
en contacto con ellos desde la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH) para intentar parar varios
desalojos de estas familias, algo
que consiguieron. «El edificio está
abandonado desde hace cuatro años
y está en concurso de acreedores»,
señala Jimeno, cuya fundación está
tratando de llegar a un acuerdo con
el liquidador judicial para que se
puedan hacer alquileres sociales.
Las negociaciones están muy
avanzadas. «De las 62 viviendas que
hay dos tienen contrato de antes. Alrededor
de 52 familias nos han remitido
toda la documentación necesaria
para los trámites, pero hay siete u
ocho, más conflictivas, que no lo han
hecho. Aun así, el perfil en general es
de buena gente», precisa el presidente
de la fundación. La idea es que
con el RMI que muchos tienen paguen
la comunidad y una renta de
unos 100 euros. «La situación de estas
familias está ya regularizada. Se
adaptan. Son familias empadronadas
en el municipio, los niños ya van
a los colegios de la zona. Con un seguimiento
real y ayudas en formación
para los padres podrían solucionarse
el problema».