El principio del fin de la ayuda de garantía de ingresos (AGI) empieza a escribirse el próximo viernes 1 de julio. Ese día se cierra la puerta de acceso para cobrar esta prestación, exclusiva en Gipuzkoa, para las personas sin recursos que lleven un año de empadronamiento en el territorio. A partir de la semana que viene comienza un proceso gradual hasta su completa desaparición el 31 de diciembre de 2018, que será cuando salgan del sistema los últimos beneficiarios, las familias con menores a su cargo para las cuales se abre un proceso extraordinario hasta finales de este año.

Finales de 2011

El Parlamento Vasco endurece los requisitos para acceder a la RGI y pasa a pedir tres años de empadronamiento en lugar de uno. La reforma se aprobó durante la legislatura del PSE el apoyo del PP, la abstención del PNV y UPyD y el rechazo de EA, Aralar y EB.

Abril de 2012

La Diputación de Gipuzkoa, en manos de Bildu, anuncia que creará una nueva ayuda para contrarrestar los recortes en la RGI. La AGI entra en vigor el 1 de julio de ese año.

Julio de 2014

Se endurece el requisito del empadronamiento para la AGI y se exige un año en lugar de seis meses.

Finales de 2015

La Diputación (PNV/PSE) reconoce que va a revisar la ayuda y remite un cuestionario a los servicios sociales de los ayuntamientos.

Abril de 2016

El Departamento de Política Social anuncia que se cerrará el acceso a la ayuda el 1 de julio de ese año y que la desaparición será paulatina hasta el 31 de diciembre de 2018.

El sistema que nació en la anterior legislatura de Bildu para contrarrestar los recortes introducidos en la RGI inicia cuatro años después su cuenta atrás de la mano del gobierno foral bipartito de PNV y PSE. La reforma que anunció la Diputación a mediados de abril, tras meses de idas y venidas y con todos los mimbres para la polémica política, no ha producido un terremoto en las cifras de personas amparadas por el sistema. El ritmo de nuevos beneficiarios que han ido entrando mes a mes no ha variado de forma sustancial. En enero, el Departamento de Política Social que dirige Maite Peña contabilizó 59 altas en el sistema, por 57 en febrero. Un mes después fueron 85 los nuevos titulares. En abril, que fue cuando se anunció la reforma, la cifra se quedó en 70, y a 31 de mayo hubo que sumar otras 69 personas, según los datos aportados por el departamento a este periódico. La cifra total de beneficiarios al mes continúa estable en torno a los 1.400 titulares, la mayoría inmigrantes. Estas personas seguirán cobrando la ayuda (unos 700 euros de media al mes) hasta que puedan solicitar la RGI. La prestación guipuzcoana se irá desactivando a medida que los beneficiarios se den de baja en el sistema. La Diputación calcula que a finales de año la cifra de titulares seguirá por encima de las 1.100 personas, lo que significa que la bolsa de perceptores se habrá reducido en 300, a un ritmo de cincuenta al mes. Así, hasta su completa eliminación el 31 de diciembre de 2018.

El impacto de una hipotética mayor demanda por el cierre del acceso al sistema ha sido amortiguado por los tiempos medidos de la reforma. El anuncio se hizo hace dos meses y medio, y para poder solicitar la ayuda se tiene que acreditar un año de empadronamiento en Gipuzkoa, por lo que las incorporaciones que se están produciendo estas últimas semanas corresponden a personas sin recursos que ya estaban en el territorio desde hace meses y no a llegadas de última hora. Para la Diputación resulta «clave» que los pasos hasta la desaparición definitiva de la ayuda se estén dando de forma gradual, lo que «ha evitado que haya habido alguna alteración» desde que se anunció la reforma. «Ni siquiera desde los ayuntamientos se ha transmitido al departamento que hayan notado un incremento ni de peticiones ni de consultas», añaden desde el área de Política Social.

La repercusión en el gasto social tampoco será inmediata. En mayo, la AGI supuso un desembolso de un millón de euros (1.001.065,41 euros exactamente), la misma cantidad prevista para este mes de junio. A partir de julio, cuando ya no puedan acceder más personas al sistema, salvo las familias con hijos menores a su cargo que acrediten un año de padrón a 31 de diciembre de este año – su volumen no se prevé numeroso – , la partida empezará a desinflarse. El presupuesto calculado para todo el ejercicio apenas variará y rondará los 11,3 millones.

El debate político

Las sacudidas del cambio han venido en forma de críticas. Desde la oposición, EH Bildu y Podemos han arremetido duramente contra el ejecutivo foral por lo que consideran «un recorte» en el sistema de protección social, una crítica que también se ha escuchado de boca de colectivos sociales como Cáritas y SOS Racismo, que advierten de las consecuencias que tendrá para las personas en situación de exclusión social que se quedan fuera de la ayuda. El PP, en cambio, se felicitó porque la reforma de la Diputación encajaba con la propuesta que ellos habían planteado de seguir pagando la prestación a los beneficiarios actuales pero no aceptar más demanda.

La «revisión» de la AGI estuvo sobre la mesa desde el primer minuto del nuevo departamento, que se apoyó en un informe realizado por los técnicos forales para tomar la decisión definitiva. El estudio, que contó con la opinión de técnicos municipales a través de un cuestionario que ya anticipaba el grado de la polémica, sostiene que la prestación creada por Gipuzkoa ha provocado «un efecto llamada» de población inmigrante en determinados municipios, además de no garantizar la inclusión social de los beneficiarios y generar «nuevas necesidades». La decisión de suprimir la ayuda también debe enmarcarse en el contexto de la Ley de Servicios Sociales de Euskadi, que exige para finales de este año que los tres territorios cuenten con sistemas sociales lo más homogéneos posibles. El hecho de que la AGI sea una ayuda única en Gipuzkoa distorsionaba ese mapa, han argumentado las voces a favor de la reforma.

El debate sobre las ayudas sociales, con el horizonte cada vez más cerca de las elecciones autonómicas de otoño, está lanzado. Podemos y EH Bildu han tachado a PNV y PSE de «xenófobos» y de adoptar «una estrategia marotista». También desde el Parlamento Vasco se elevó el tono. El consejero de Empleo y Políticas Sociales llegó a decir que la AGI había generado «una bomba potencial» para algunos municipios, una expresión de la que luego se disculpó, pero sin rebajar su defensa de la decisión tomada desde Gipuzkoa. El PSE, por su parte, se mueve en un papel incómodo y, al igual que los jeltzales, no quiere que la supresión de la ayuda social se convierta en la china en el zapato de su inicio de legislatura.

Para cubrir el hueco que deja la AGI y reforzar el sistema de inserción social, la Diputación ha lanzado el plan Elkar – Ekin, presentado esta semana y que beneficiará a 1.500 personas en situación de exclusión, «el talón de aquiles» en las políticas sociales.