Tantearon el terreno, echaron un vistazo a la vivienda, cambiaron la cerradura y decidieron ocupar el piso con todas las consecuencias antes que dar con los huesos en la calle. Miguel Santiago y Lorenza Santiago nunca han negado que ocuparan la vivienda de forma irregular, pero ahora el mazazo ha llegado con la sentencia de juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cieza, que les ha condenado a una multa de 180 euros como autores de un delito leve de usurpación. Y, por supuesto, al desalojo de la vivienda, que la Guardia Civil consumó por la fuerza esta semana.

Él, 20 años; ella, 19. Un niño a cuestas y otro que viene de camino. «Observamos que la casa estaba cerrada durante muchos meses y decidimos meternos de manera ilegal por necesidad pues nos encontrábamos en la calle con nuestro hijo, que por entonces tenía tres meses y medio», asegura Lorenza. Al entrar en la vivienda, en la calle Duque de Ahumada, la pareja encontró sillones, un mueble para una tele, un horno, un microondas y un lavavajillas. Todo sigue allí», explica la joven. Sin embargo, la vivienda resultó ser propiedad de la Consejería de Fomento e Infraestructuras que, a través del Instituto de la Vivienda y Suelo, había alquilado el inmueble a otra vecina, Verónica Losa, desde el 1 de marzo de 2013 por una renta mensual de 133 euros. La afectada inició el proceso judicial para desalojar a los ‘ocupas’, a pesar de que Santiago y Lorenza defendían que esta señora «no vivía allí» desde hacía mucho tiempo.

Sobre si la propietaria residía o no en la vivienda, en la sentencia, que se ha conocido ahora y a la que ha tenido acceso ‘La Verdad’, queda muy claro que no se puede entrar a valorar «si la vivienda estaba desocupada por más o menos tiempo». De hecho, continúa el fallo judicial, la denunciante explicó que durante las fechas en la que los denunciados entraron a ocupar la vivienda ella «se encontraba en fase de separación de su marido, el cual también ostentaba derecho de uso sobre el inmueble y se negaba, al parecer, a irse de la misma».

Reproches a la Concejalía

Menos de ocho meses después de presentarse la denuncia, y ya con la sentencia firme, la Guardia Civil procedía esta semana al desalojo de la familia, que presentó cierta resistencia. Ahora, Lorenza se irá a vivir con su madre «pese a las malas relaciones con mi padre». Miguel, que da de comer a su familia con los días de tajo que le salen en el campo, también tendrá cobijo en la casa de su madre. Y el niño, a caballo entre las dos casas de las abuelas. Pero, afirman, lo que le ha dolido «en el alma» a esta pareja ha sido la «desatención» por parte del Ayuntamiento de Abarán, en concreto de la Concejalía de Bienestar Social. «Pedimos una entrevista y aún estamos esperando, e intentamos presentar una solicitud para acceder a una vivienda y nos pusieron trabas a la hora de presentar los papeles», se queja Miguel: «Es una verguenza».

Este periódico intentó contactar sin éxito con la concejal de Bienestar Social, Estíbaliz Bermejo, que no atendió ni devolvió las llamadas de ‘La Verdad’.