El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dejado en un limbo el plan de Barack Obama para proteger de la deportación a cinco millones de inmigrantes indocumentados. Los ocho magistrados de la máxima instancia judicial del país fueron incapaces de validar o invalidar la constitucionalidad del decreto emitido por el presidente en 2014, al resolverse su votación en un empate a cuatro, por lo que se mantendrá la decisión previa de un tribunal inferior que anuló la implementación de la medida. Este desenlace trunca uno de los pilares con los que Obama pretendía cimentar su legado.

El revés judicial tendrá consecuencias prácticas para millones de personas. Nuevamente tendrán que vivir con el miedo a la patada en la puerta o a un alto en los controles de tráfico. El decreto de Obama, pronunciado después de que fracasaran todos sus intentos de aprobar una reforma inmigratoria, concedía permisos de trabajo y beneficios federales a los cerca de cinco millones de indocumentados con hijos estadounidenses o residentes legales. La deportación de todos ellos dejaba de ser prioritaria para las agencias encargadas de implementar las leyes migratorias, otorgándoles por tanto la seguridad de que no serían expulsados del país.

Pero desde el principio, la medida enervó a los republicanos, que acusaron al presidente de extralimitarse en sus poderes ejecutivos. Veintitrés estados gobernados por los conservadores impugnaron el plan ante los tribunales y una corte de apelaciones acabó fallando a su favor. La Administración llevó entonces el caso al Supremo, que este jueves ha sido incapaz de pronunciarse en un sentido u otro tras acabar la votación en empate. Todos votaron en función de su perfil ideológico.

La decisión de hoy mantiene en vigor lo que hemos dicho desde el principio: ninguna persona, ni siquiera el presidente, puede cambiar la ley unilateralmente, ha dicho el fiscal general de Tejas, el conservador Ken Paxton, tras conocerse el desenlace en el Supremo. La Casa Blanca ha lamentado la decisión y ha reconocido que tendrá que acatarla. El asunto, ha dicho Obama, tendrá que resolverse en noviembre, cuando los estadounidenses acudan a las urnas a elegir entre un hombre partidario de expulsar a los 11 millones de indocumentados que viven en el país (Donald Trump) y una mujer partidaria de regularizar su situación a través de una reforma inmigratoria (Hillary Clinton).

Ahora tenemos que decidir lo que somos como país y lo que queremos enseñar a nuestros hijos, dijo el presidente en una comparecencia de prensa donde quedó de manifiesto su impotencia. En noviembre los estadounidenses tendrán que decidir lo que nos importa y quienes somos. El empate en el Supremo es una consecuencia directa del rechazo republicano a considerar la nominación del juez Merrick Garland, el magistrado propuesto por la Casa Blanca para ocupar el sillón que sigue vacío desde la muerte del ultraconservador Antonin Scalia. Ese bloqueo para impedir que el Congreso, dominado por los conservadores, si quiera considere su nominación no tiene apenas precedentes. La prerrogativa de proponer un juez para el Supremo cuando alguno fallece recae en el presidente.